La comunidad universitaria se moviliza este miércoles 4 de noviembre en la denominada "Marcha de las Velas", una protesta convocada por estudiantes, docentes y personal no docente para exigir al Gobierno Nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, nucleados en diversas federaciones y gremios universitarios, llevarán adelante la Marcha de las Velas en "defensa de la educación pública" y volverán a reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento.
Bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, este miércoles desde las 17 hs., la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto a gremios de la UBA y a centros de estudiantes, se concentrarán en Plaza Houssay y marcharán hacia Tribunales, donde se llevará adelante una clase pública de Derecho Constitucional.
"La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. No podemos permitir que se apague nuestra universidad", indicaron desde la organización.
La gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal que supuestamente sería negativo.
Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.
Un estudio elaborado por la consultora Zentrix indica que el proyecto de Presupuesto 2027 contiene recursos sin asignación específica por casi $6 billones que permitirían cubrir los costos de recomposición salarial y presupuestaria, equivalentes a entre el 0,18% y el 0,26% del PBI.
La viabilidad financiera para cumplir con la Ley 27.795 quedó en el centro del debate económico y político mientras se desarrolla el plan de lucha de las universidades. El informe titulado Financiamiento universitario: cuánto cuesta cumplir la Ley 27.795 y dónde están los fondos en el Presupuesto 2027, difundido el pasado jueves 15 de octubre, detalla que la aplicación integral de la norma demandaría un adicional de entre $2,45 y $3,65 billones durante el próximo año.
Para dimensionar el impacto, el análisis contrasta esas cifras con los $5,93 billones identificados dentro de las planillas oficiales como fondos sin asignación específica. Estas partidas forman parte de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, cuyo presupuesto total trepa a $14,81 billones con un alza real del 116,9%, y funcionan técnicamente como una reserva gubernamental de libre disponibilidad ante eventuales desvíos económicos.