Luis D'Elia, condenado a cuatro años en suspenso

Ante la presencia del dirigente en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py, los jueces leyeron el veredicto, que también lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos y le prohibió la salida del país.

Ante la presencia del dirigente en la sala de audiencias en los tribunales de Comodoro Py, los jueces leyeron el veredicto, que también lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos y le prohibió la salida del país.

D’Elía escuchó la sentencia, cuyos argumentos se darán a conocer el 6 de septiembre próximo, en la sala de juicio ubicada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py.

También estaban Luis Bordon y Angel Borello, quienes fueron acusados sólo por la toma y a quienes se los absolvió, pues la Fiscalía a cargo de Gabriela Baigún había pedido la prescripción a su favor por el paso del tiempo.

"Voy a apelar"

La condena “es necesaria para que Macri pueda implementar su plan de muerte, su reforma previsional, para que pueda destrozar el Estado argentino”, sostuvo D’Elía a la salida de Comodoro Py.

“Me importa nada. Que hagan lo que quieran. Voy a apelar”, reveló el dirigente quien lanzó: “No hay condena que nos pare”.

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La causa

D’Elía llegó a juicio por la toma de la comisaría en el barrio porteño de “La Boca” el 26 de junio de 2004, cuando al mando de un grupo de al menos cuarenta personas ocupó las instalaciones entre las 0.20 a las 8:00, en reclamo de la detención de quien luego fuera condenado por el asesinato del dirigente barrial Martín “Oso” Cisneros.

“Salgan todos de la comisaría, está tomada”, anunció D’Elía, quien -según testigos- hasta amenazó con quemarla si no ubicaban al responsable: Juan Carlos “Colchones” Duarte, quien después fuera condenado a 15 años de prisión por el homicidio.

Durante el juicio, también se lo acusó por “intimidación pública” por encabezar en 2008 una marcha contra las protestas de entidades agropecuarias por un incremento de las retenciones a exportaciones del sector, aunque fue absuelto por este delito.

La Cámara Federal de Casación Penal había revocado la prescripción de la causa en 2012 y ordenó la elevación a juicio oral.En este proceso, el líder de Miles fue defendido por los abogados Adrián Albor y Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).