Antecedentes penales
Como parte del proceso previo al envío de los pliegos, se solicitará al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura.
Ese organismo reúne la información sobre procesos penales tramitados en todas las jurisdicciones del país y certifica si una persona registra o no antecedentes judiciales.
Además, el Ministerio indicó que se verificará la situación patrimonial de los postulantes y el cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP.
El procedimiento para designar jueces, fiscales y defensores establece que el Consejo de la Magistratura eleva ternas de candidatos para cada cargo vacante. A partir de esas listas, el Poder Ejecutivo elige a un postulante y remite su pliego al Senado para que sea evaluado.
Maquihes revisará los nombres
En esta etapa, Mahiques será el encargado de revisar los nombres propuestos por el Consejo antes de elevarlos al presidente Javier Milei, quien deberá definir las nominaciones que enviará al Congreso.
Una vez ingresado el pliego en la Cámara alta, el expediente pasa a la Comisión de Acuerdos, que convoca a una audiencia pública para analizar la candidatura. Tras esa instancia, la comisión emite dictamen y el pliego se somete a votación en el recinto, donde se aprueba o rechaza por mayoría simple de los presentes.
El anuncio llega en un nuevo escenario político dentro del Senado, tras el recambio legislativo que fortaleció al oficialismo y a sus aliados.
El bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores y mantiene acuerdos con sectores dialoguistas, lo que permitiría al Gobierno reunir los votos necesarios para aprobar las designaciones.
La decisión también busca revertir una situación de vacantes que se agravó en los últimos años. En 2023, al asumir su gestión, el presidente Milei retiró del Senado los pliegos que habían sido enviados por la administración de Alberto Fernández para revisar las postulaciones, pero no presentó nuevas propuestas.
Actualmente, de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales existentes, 364 permanecen vacantes. De ese total, 203 corresponden a posiciones que dependen del Poder Ejecutivo para su cobertura, mientras que el resto se encuentra en distintas etapas del proceso dentro del Consejo de la Magistratura.
La falta de magistrados genera una sobrecarga de trabajo en los tribunales, mayores demoras en las resoluciones judiciales y una creciente utilización de jueces subrogantes para cubrir temporalmente los puestos.
Además de los juzgados federales y nacionales, el sistema judicial enfrenta otras vacantes relevantes, como la Procuración General de la Nación y dos cargos en la Corte Suprema. Sin embargo, según indicó Mahiques en sus primeras declaraciones como ministro, esos temas no forman parte de las prioridades inmediatas de su gestión.