La administración nacional puso en marcha controles en las provincias para verificar el funcionamiento de las escuelas durante la medida de fuerza y aclaró que cualquier penalización requerirá un procedimiento previo.
El paro nacional convocado por CTERA volvió a tensar la relación entre los gremios docentes y el Gobierno, que desplegó un operativo para controlar el cumplimiento de la cobertura mínima establecida para el servicio educativo. La medida coincide con el regreso a las aulas tras el receso invernal en distintos distritos.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, coordina la fiscalización mediante sus agencias territoriales. Los organismos recopilarán información sobre la actividad en los establecimientos y elevarán un informe nacional con los datos obtenidos durante la jornada.
Desde el Ejecutivo señalaron que, si se comprueba que no se garantizó el 75% de la prestación habitual, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan” contra las organizaciones sindicales involucradas. Los controles alcanzan a los niveles inicial, primario, secundario y especial.
El marco utilizado por las autoridades es la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 incorporó a la educación dentro de las actividades consideradas esenciales. La normativa fija que, durante una huelga, la cobertura del servicio no puede ubicarse por debajo del 75% de su funcionamiento habitual.
El Gobierno, de todos modos, aclaró que la aplicación de una sanción no será automática por el grado de adhesión a la medida de fuerza. Primero deberá verificarse una infracción, establecer cuál fue la obligación incumplida, determinar la entidad responsable y completar el procedimiento administrativo, que contempla instancias de defensa y una eventual revisión judicial.
El reclamo sindical se originó en la falta de convocatoria a una mesa paritaria nacional, según planteó la organización que conduce Sonia Alesso. En un comunicado, cuestionaron: “Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”.
La jornada afecta a las escuelas públicas de todo el país, mientras que algunos establecimientos privados mantienen su actividad habitual. Entre las demandas del sector también aparecen la restitución del FONID, el pago de fondos nacionales, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.