La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Pablo Noceti y otros funcionarios fueron imputados por el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación para determinar si actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro.
La causa fue iniciada tras la denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (“APDH”) en la que acusaron a distintos funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de haber encabezado desde diciembre de 2015, un plan orquestado para accionar ilegalmente contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo del Estado con el fin amenazar para que no ejerzan su derecho a protestar y reclamar tierras y, de esta manera, favorecer negocios inmobiliarios.
Por su parte, Bullrcih publicó un tuit en el que dijo: "Acá estoy y acá me voy a quedar. Como ministra, como ciudadana de bien, defendiendo siempre la Verdad".
Además, la ministra redobló la apuesta y aseguró que "mintieron cuando dijeron que había habido desaparición forzada con Maldonado. Crearon un plan para sembrar odio y miedo en la gente".
La titular del cartera de Seguridad cerró su mensaje con frase estoica y desafiante: "No habrá apriete que me pueda frenar".
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