La propuesta alcanza también a otras asignaciones familiares y no contempla una fórmula alternativa para reemplazar el esquema vigente de actualizaciones. El Ejecutivo ya había planteado un cambio similar en 2026.
El proyecto de Presupuesto 2027 pone en debate el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. El artículo 17 de la iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer la movilidad de estas prestaciones. La propuesta no contempla una fórmula alternativa para reemplazar el esquema vigente, por lo que, en los hechos, implicaría eliminar el mecanismo de aumento automático.
La modificación impulsada por la administración libertaria todavía no está vigente y deberá ser aprobada por el Congreso. En caso de que el artículo sea sancionado sin cambios, la AUH tampoco dejaría de existir. El Ejecutivo conservaría la facultad de fijar los montos y disponer aumentos, aunque ya no tendría la obligación legal de aplicar automáticamente la movilidad establecida por el sistema actual.
La normativa vigente establece que la actualización alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos familiares. A partir de la reforma previsional de 2024, se estableció un mecanismo de actualización mensual vinculado con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
La AUH integra este esquema junto con la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, además de las prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras. El proyecto también plantea eliminar disposiciones relacionadas con el cálculo realizado por la ANSES y con la primera aplicación del mecanismo de movilidad. El sistema comenzó a implementarse en marzo de 2016 y, posteriormente, quedó vinculado con las modificaciones introducidas en el régimen previsional.
La iniciativa tampoco establece una frecuencia mínima para los futuros incrementos ni determina un índice alternativo que deba utilizarse para actualizar las prestaciones. De esta manera, la evolución de los montos quedaría sujeta a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.
El Gobierno ya había planteado una modificación similar en el Presupuesto 2026. Sin embargo, el Congreso no aprobó esa propuesta durante el tratamiento legislativo y las asignaciones mantuvieron su mecanismo de actualización automática.
Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo retoma ahora esa discusión a través del artículo 17.