Acusan al Ministerio de Economía de montar un circuito sistemático de subvaluación de activos estatales para beneficiar a un grupo selecto de empresarios vinculados al poder.
La privatización de las represasas hidroeléctricas del Complejo Comahue, ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, quedó nuevamente bajo cuestionamiento judicial.
La Fundación Soberanía amplió una denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca y pidió investigar una presunta maniobra para subvaluar activos del Estado y favorecer a un grupo reducido de empresas, además de solicitar que, de corresponder, se anulen las adjudicaciones.
La presentación sostiene que el proceso responde a un “mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político”, lo que, según la organización, implicaría una violación del marco de legalidad administrativa.
Entre las empresas cuya citación fue solicitada aparecen Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea, consignó el diario "Ámbito".
La causa se tramita en el juzgado federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca. Según la ampliación de la denuncia, el proceso habría terminado de conformar “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”.
La presentación describe una “cadena de ilegalidades” que, según la Fundación Soberanía, tiene cuatro eslabones y apunta directamente al Ministerio de Economía nacional, conducido por Luis Caputo:
- La elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
- La subvaluación de los activos mediante la participación del BICE y la finalidad recaudatoria.
- La identificación de los beneficiarios y la repetición del mismo patrón.
- La consumación del proceso mediante un concurso “sin base” y el apuro fiscal.
El documento también pone el foco en las firmas que resultaron beneficiadas con las adjudicaciones y sostiene que existe una repetición que configuraría un patrón.
En el caso de Alicurá y Cerros Colorados, señala como adjudicataria a Edison Inversiones S.A.U., del grupo liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss.
El Chocón-Arroyito quedó adjudicado a BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.
Piedra del Águila, en tanto, fue adjudicada a Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas, según el documento, son Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany.
La Fundación Soberanía sostiene que la reiteración de empresas y grupos empresarios en las adjudicaciones permite identificar un “circuito de beneficiarios” dentro del proceso de privatizaciones.
Por ese motivo, solicitó que los empresarios mencionados sean citados en la causa y reclamó que se investigue el procedimiento utilizado para determinar el valor de los activos y las condiciones de las adjudicaciones.
La organización también pidió que, si se comprueban las irregularidades denunciadas, se anulen las privatizaciones de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue.