Provincias Unidas y otros bloques opositores dejaron al oficialismo sin los legisladores necesarios para abrir el debate que tenía lugar este miércoles. Martín Menem debió levantar la convocatoria y la oposición celebró en el recinto con cánticos.
Provincias Unidas y otros bloques opositores dejaron al oficialismo sin los legisladores necesarios para abrir el debate que tenía lugar este miércoles. Martín Menem debió levantar la convocatoria y la oposición celebró en el recinto con cánticos.
El Gobierno sufrió un duro revés legislativo en la Cámara de Diputados: no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar con una sesión especial que tenía como ejes centrales la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Cerca de las 13 horas, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria luego de constatar que solamente 126 legisladores habían ocupado sus bancas, lejos del número necesario para iniciar el debate.
Uno de los factores determinantes fue la postura de Provincias Unidas. Sus 18 integrantes estuvieron en el recinto, pero decidieron no sentarse para habilitar la sesión. A esa decisión se sumó la ausencia de los dos representantes del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, legisladores de Elijo Catamarca, un sector de Argentina Federal y Álvaro González, del PRO y cercano a Horacio Rodríguez Larreta.
En los minutos previos al fracaso, Menem intentó modificar el escenario mediante un intercambio de audios con Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas. Sin embargo, las gestiones no dieron resultado y el oficialismo no logró reunir las voluntades necesarias.
La caída de la sesión desató el festejo de los bloques opositores, que entonaron la Marcha de las Malvinas antes de abandonar el recinto. El episodio también abrió un nuevo frente de cuestionamientos por el contenido de los proyectos que el Gobierno pretendía llevar al debate.
Desde Unión por la Patria, Julia Strada apuntó contra la iniciativa vinculada con Malvinas y cuestionó sus alcances. "A los libertarios se les cayó la sesión donde querían fingir nacionalismo con Malvinas y en realidad les daban el visto bueno a los grupos financieros extranjeros - por pedido de Lámelas, AMCHAM y del departamento de Estado de EEUU - para que sigan la explotación petrolera en Malvinas sin ninguna sanción. Les salió mal", publicó en X.
Por su parte, Karen Reichardt, diputada de La Libertad Avanza, responsabilizó a la oposición por impedir el tratamiento de los proyectos. "Después se llenan la boca hablando de soberanía nacional, pero hoy ni siquiera hubo quórum en Diputados para tratar la Ley Malvinas, ni tampoco la reforma del BCRA", expresó. Y agregó: "La oposición siempre tiene un discurso preparado, pero a la hora de defender los intereses de los argentinos, los hechos brillan por su ausencia. La soberanía se defiende con hechos, no con discursos".
El traspié también tuvo repercusiones dentro del oficialismo. Según el texto original, uno de los principales afectados es Santiago Caputo, asesor presidencial que había diseñado e impulsado ante Javier Milei el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
Además de las iniciativas sobre Malvinas y el Banco Central, el temario contemplaba la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual. También figuraban el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y una enmienda al Protocolo de Montevideo.
El bloque oficialista, en principio, tenía los respaldos necesarios para conseguir la aprobación general del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
En una reunión reservada realizada el jueves pasado en el Salón de Honor de Diputados, el Gobierno intentó acercar posiciones con sus aliados. El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) manifestaron su intención de acompañar la propuesta, incluso si se introducen modificaciones. Por su parte, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios sustanciales en el capítulo 7 para respaldar la iniciativa.
La propuesta oficial de realizar modificaciones menores no logró despejar las diferencias y la posibilidad de que ese apartado sea eliminado durante el tratamiento en particular fue real. Para aprobarlo se necesitaban 129 votos, ya que incluye modificaciones al sistema electoral y establece multas para extranjeros que financien campañas políticas.
Ante la incertidumbre sobre la cantidad de respaldos, el Gobierno podría aceptar la eliminación completa de ese capítulo para concentrar los votos en el núcleo principal del proyecto, que establece sanciones contra las compañías petroleras que operen sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
El apartado también contempla penas para quienes organicen o colaboren con tareas de inteligencia para Estados extranjeros contra la seguridad nacional, divulguen secretos de Estado o participen en acciones de sabotaje contra el Gobierno o la población argentina.
Luego de las críticas que recibió la iniciativa, el oficialismo aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica a las actividades diplomáticas, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
El proyecto establece sanciones económicas y penales para quienes exploten recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Las condenas podrían llegar hasta los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores. Quedan exceptuados los accionistas que tengan una participación de hasta el 2% y los fondos de inversión que intervengan indirectamente en las operaciones.
Uno de los puntos que genera mayor resistencia es la ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo para actuar frente a una eventual "amenaza externa". Desde el peronismo y la izquierda consideran que la iniciativa podría concentrar facultades extraordinarias en manos del Presidente.
En ese contexto, el proyecto contempla la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Estará presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de los bloques aliados, se amplió su integración con la participación no permanente del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores.
Entre las facultades del organismo figura la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de implementar medidas urgentes ante una amenaza externa grave. Entre ellas se encuentran restricciones a las operaciones financieras y cambiarias, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contrataciones, limitaciones a las importaciones y exportaciones y aumentos transitorios de los derechos aduaneros.
También continúan dentro del proyecto algunas de las disposiciones más cuestionadas, como los protocolos para derribar aeronaves y hundir embarcaciones, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en "operaciones no convencionales".
Este último punto genera preocupación entre los sectores opositores porque consideran que podría desdibujar los límites entre las funciones de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, habilitando a estas últimas a intervenir en cuestiones de seguridad interior.
Por iniciativa del diputado Eduardo Falcone (MID), se incorporó además una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que tendrá la responsabilidad de controlar las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Según el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá comunicarle las medidas implementadas dentro de un plazo máximo de 48 horas.
Otro de los artículos cuestionados establece el reconocimiento legal del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y permite incorporar organizaciones cuando existan "motivos razonables para sospechar".
Para los bloques opositores, las definiciones de "terrorismo" y "amenaza externa" carecen de precisión suficiente y podrían habilitar decisiones discrecionales del Ejecutivo, con consecuencias sobre las libertades civiles y políticas.
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central era el otro asunto que concentrará buena parte de la discusión parlamentaria.
El oficialismo no consiguió reunir los respaldos necesarios en comisión para avanzar con la redacción original que había obtenido media sanción en Diputados. Ese texto establecía un mecanismo de protección institucional que exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras para remover a los integrantes del directorio del organismo.
Sin embargo, el Senado modificó ese requisito y estableció que la destitución de los directores podría concretarse con una mayoría absoluta de la Cámara alta.
Luego de intentar recuperar la versión inicial, los diputados de La Libertad Avanza terminaron aceptando los cambios introducidos por el Senado. De esta manera, la Cámara baja dejará de participar en las decisiones vinculadas con la designación y remoción de los funcionarios del Banco Central.
Más allá de las modificaciones sobre la integración del directorio y las mayorías necesarias para incorporar o desplazar a sus integrantes, la iniciativa busca establecer como principio central la "emisión cero".
Desde la administración de Javier Milei consideran que el saneamiento actual de las cuentas del Banco Central no resulta suficiente si una futura gestión puede "volver a prender la maquinita" y generar inflación.
En los fundamentos de la reforma, el Gobierno sostiene que "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos".
La propuesta elimina los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la adquisición de títulos públicos en el mercado primario.
Además, el proyecto plantea que "De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda".
La intención del Gobierno es establecer límites para evitar que futuras administraciones puedan modificar la política monetaria y recurrir nuevamente a la emisión de dinero para financiar el gasto público.
Para alcanzar ese objetivo, la reforma elimina los distintos propósitos que contemplaba la Ley 26.739, sancionada en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y establece como función principal del organismo preservar el valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro.