A pedido de los intendentes, la Legislatura bonaerense modificaría la reducción de alícuotas en las tarifas

Tal como se preveía, los senadores de la provincia de Buenos Aires -aunque también hubo consultas con los diputados- desplegaron fervientes comunicaciones con los intendentes, pues el proyecto que finalmente ingresó la gobernadora María Eugenia Vidal en la Legislatura les crea un “agujero fiscal importante”.

El tema fue deslizado rápidamente por los intendentes opositores, pero también los tres intendentes del PRO que se sentaron en la mesa de diálogo político de la alianza de gobierno “no hablaron de otra cosa” en la reunión que deliberadamente se desarrolló ayer entre dirigentes de los principales partidos socios: republicanos y radicales, sin cívicos.

Así, el jefe de Gabinete, Federico Salvai; el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, por el lado del Ejecutivo provincial PRO, y el vicegobernador Daniel Salvador y el diputado Maximiliano Abad, por el lado de los radicales, que además fueron acompañados por el intendente de Los Toldos, Franco Flexas, debieron soportar el extenso relato de los intendentes de Lanús, Vicente López y Morón, respecto a la pérdida “contante y sonante” que representa para los municipios la propuesta remitida por el Ejecutivo a la legislatura horas antes del encuentro.

Efectivamente, Néstor Grindetti, Jorge Macri y Ramiro Tagliaferro, cuantificaron las pérdidas variables que para los municipios significa resignar el 6 % del total de la facturación percibida de la energía eléctrica y volaron números sobre la mesa que no hacían necesarias mayores explicaciones.

Se estima que en términos generales la provincia está resignando unos 3.000 millones a través de los decretos ya dispuestos por la gobernadora Vidal para derogar viejos decretos de las décadas del 60 y 70, que no necesitan ratificación legislativa.

El proyecto de ley remitido y por lo tanto en tratamiento en la Legislatura implica una resignación de fondos por parte de la provincia de unos 1.500 millones más, pero al mismo tiempo es una pérdida para las arcas municipales de 2.000 millones más al año.

En la reunión de la mesa política, con los números del 2017, el intendente de Lanús estimó que su municipio dejaría de percibir unos 105 millones de pesos al año si se aprueba la modificación del artículo 75 de la ley Nº 11.769. Algunos municipios cuantifican que se trata de una pérdida anual similar a la masa salarial mensual de sus administraciones.

Específicamente, a través de la iniciativa girada por Vidal al Senado, se propicia disminuir las alícuotas de las contribuciones reguladas por los artículos 74 y 75 de la Ley Nº 11.769, que los agentes de la actividad eléctrica abonan mensualmente a la provincia de Buenos Aires y a sus municipios por la venta de energía eléctrica a usuarios o consumidores finales.

Además se propicia para la contribución establecida en el artículo 57 de la Ley Nº 13.404, que los prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas en jurisdicción de concesión provincial, por las operaciones de venta con usuarios, abonan mensualmente a las municipalidades de los partidos respectivos.

Es decir, la modificación normativa tiene tres dimensiones, dos de ellas no tendría mayores objeciones pero la modificación del artículo que toca fondos municipales entró así en el laboratorio legislativo.

El punto en revisión es aquel que establece que en el caso de los municipios y en concepto de tasas municipales, las distribuidoras de energía eléctrica contribuyen con el 6 %, lo que se modifica y se lleva de manera en una simbólica a una contribución del 0,01 %.

Fluctuación

La Plata, Merlo y Morón están entre los distritos donde más cayó la adhesión al paro que los docentes de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo ayer, respecto del último paro del 5 de abril pasado.

Según el relevamiento realizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia que incluyó 9.838 escuelas a través de 135 inspectores Distritales, 1.770 inspectores y más de 9.000 directores de Escuelas, registramos un acatamiento al paro en el día 25 de abril del 39 % y 179 servicios educativos cerrados.

Según este relevamiento se pasó de 301 escuelas cerradas, en el mismo universo de escuelas, en el paro anterior del 5 de abril a 179 hoy.

Específicamente, entre los distritos que más fluctuó el acatamiento se encuentra la capital bonaerense, al ciudad de La Plata que ayer tuvo un atamiento del 44,2 %, y a principio de mes había sido del 69,9%; en Merlo alcanzó el 64%, mientras que había superado el 80%) y en Morón fue del 40 %, cuando el 5/4 había llegado al 54, siempre según el mismo trabajo realizado por las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires.

Desaceleración

Según la consultora Analogía, en el primer trimestre del año la provincia de Buenos Aires capitalizó una buena parte de las licitaciones de obra pública del país: prácticamente 1 de cada 5 pesos licitados a nivel país correspondieron a la provincia, lo que representa unos 7.480 millones de pesos sobre los 41.041 millones totales.

Pero la provincia no fue la única jurisdicción que resultó favorecida, Aun más resultó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acaparó un tercio del monto licitado, unos 13.900 millones, tal como lo informó Construar.

En definitiva, estas jurisdicciones, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, que gestiona la coalición de gobierno, termina concentrando el 52,2% de las licitaciones de obra pública del país, un porcentaje nada desdeñable.

Cabe destacar, que las mayores licitaciones son contemporáneas al aumento del endeudamiento público. Un claro ejemplo de esto es el préstamo que el Estado gobernado por Vidal obtuvo recientemente por 51 millones de dólares, unos 1.000 millones de pesos, para obras de potabilización en La Plata y alrededores, en tanto que en marzo se colocaron dos bonos por un total de 30.000 millones de pesos a 5 y 7 años con el propósito de financiar las mencionadas obras, especialmente viales.

No obstantes estas observaciones, en concreto “el nivel de licitaciones de obra pública a nivel país ha disminuido considerablemente, incluso en términos nominales”, según se señala en el informe de la consultora.

Específicamente se consigna que, en el primer trimestre de 2017 las licitaciones habían alcanzado los 58.568 millones de pesos, es decir, un 28% más que las registradas en el mismo período de este año, a nivel país.

En la provincia de Buenos Aires esta caída es aún superior: la caída de las licitaciones de obra pública alcanzó el 59,2% al pasar de licitar 18.336 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a los mencionados 7.480 millones en el mismo período de 2018.

Evidentemente, la obra pública no parece constituirse como el motor de la economía, al menos en la primera parte del año, tanto a nivel nacional como en el principal estado de la república, algo que en definitiva también está empezando a preocupar a los jefes territoriales tanto del oficialismo como de la oposición.

Tarifa social

Concejales del Frente Renovador de Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes realizaron el lunes una presentación en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para solicitar una modificación en el esquema de la tarifa social, entre otros puntos.

Los dirigentes massistas fueron recibidos por la subjefa del Área de Regulaciones, Silvia Merzi, que tomó el reclamo de los legisladores municipales y dio curso al requerimiento de los mismos. Ahora el ENRE tendrá 30 días para emitir una respuesta.

En representación del distrito de Lomas de Zamora, lo hicieron los concejales Ramiro Trezza y Juan Manuel Castagnini; por Lanús, el dirigente Nicolás Russo y los ediles Sebastián Beroldo y Rubén Ferreti; mientras que por Quilmes, asistió Federico D’Angelo.

En la presentación, los referentes del FR en la tercera sección electoral transmitieron la preocupación por los distintos casos de abuso en las facturas de energía eléctrica de los distritos y describieron los “innumerables” errores en la aplicación de la tarifa social.

En ese sentido, solicitaron al Ente que proceda a ingresar la totalidad de los abonados que estén en condiciones en el régimen de tarifa social y realice las “gestiones necesarias” para modificar el esquema de la misma “acorde con su naturaleza y con la ley” y “elaborar una conforme al consumo promedio de un hogar residencial sin efectuar discriminaciones ilegitimas”.

Anteriormente, los ediles de Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes visitaron la Cámara de Diputados de la Nación donde fueron recibidos por la diputada nacional Marcela Passo, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, para debatir acerca de la necesidad de avanzar en el proyecto de ley sobre la razonabilidad de las tarifas de servicios públicos.