Fortalecer, simplificar y dinamizar la fiscalización de industrias en la Cuenca Matanza-Riachuelo son los principales objetivos de la nueva normativa presentada por ACUMAR, que prevé más exigencias y sanciones que pueden superar los $ 6 millones.

La misma entrará en vigencia una vez que finalice el nuevo empadronamiento.

Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, se presentó esta norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y demoras administrativas que dificultaban la gestión de las fábricas radicadas en el área.

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En ese sentido, desde el organismo nacional destacan que contarán con nuevos procedimientos y mecanismos de adecuación ambiental que “permitirá un mejor y mayor control” ambiental en el área de aplicación.

Además, endurecerá las sanciones para los infractores, con multas que van desde los $ 5 mil hasta casi $ 6 millones, y que harán que este nuevo régimen sea más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental, la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción.

La nueva norma fortalece las funciones de los inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental, conceptos que no se encontraban en la legislación anterior.