José Luis Caro murió el 8 de diciembre de 2024 pero, según su familia, aparecía como trabajador activo y, algo todavía más grave, aseguran que nunca trabajó para una repartición pública.
¿Un “empleado fantasma” en la comuna? Es la pregunta que se hacen los vecinos de San Isidro tras conocerse las incipientes actuaciones judiciales.
José Luis Caro falleció el 8 de diciembre de 2024 y, según denunció su madre, continuaba apareciendo como trabajador activo de la Municipalidad de San Isidro. La familia asegura algo todavía más grave: jamás trabajó para esa comuna ni para ninguna repartición pública. La Justicia deberá establecer si hubo un insólito error administrativo o una maniobra detrás de la supuesta relación laboral y la eventual liquidación de haberes.
El caso fue denunciado por Olga Rafaelli, madre del joven que falleció tras un accidente en la vía pública en San Miguel. Yamila Benítez, pareja de Caro, inició trámites para obtener un beneficio social, pero recibió una respuesta que la dejó perpleja: no podía acceder porque su pareja aparecía trabajando y percibiendo haberes.
Ella cobraba la asignación familiar, beneficio que perdió porque le confirmaron que “trabajaba en blanco” en la Municipalidad de San Isidro bajo la administración de Ramos Lanús. La mujer acudió a ANSES Hurlingham y, siempre según consta en la denuncia, allí le informaron que José Luis Caro continuaba registrado como trabajador activo y que la relación laboral correspondía a la Municipalidad de San Isidro.
El organismo previsional entregó documentación vinculada con esa situación laboral y esos elementos ya fueron puestos a disposición de la Justicia. Pero el testimonio de su madre agrega todavía más sospechas al episodio. Rafaelli afirmó que su hijo “nunca trabajó en el partido de San Isidro ni tampoco para ninguna administración pública”.
Según sostuvo, se ganaba la vida de manera independiente como proveedor de teléfonos celulares. Entonces, ¿quién dio de alta a Caro como supuesto trabajador municipal? ¿Existía un legajo a su nombre? ¿Durante cuánto tiempo figuró como empleado? ¿Se liquidaron salarios? Y si hubo dinero efectivamente pagado, ¿a qué cuenta fue transferido y quién terminó cobrándolo? También deberá explicarse cómo pudo permanecer activa la registración laboral después de su muerte.
La presentación judicial busca justamente determinar si todo responde a un error administrativo, a una negligencia dentro de la estructura municipal o si existió alguna conducta ilícita relacionada con esa supuesta contratación y eventuales liquidaciones posteriores. El fallecimiento de Caro había dado lugar a una investigación con intervención de la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín. Pero ahora apareció un capítulo diferente que coloca el foco sobre los registros de personal de San Isidro.
La documentación puede resultar clave. Porque si efectivamente existieron altas, recibos, aportes, transferencias o liquidaciones salariales, esos movimientos deberían permitir reconstruir quién incorporó al joven al sistema y qué ocurrió con el dinero.