Los recortes presupuestarios no se han oficializado aún, pero todos entienden que al menos se perderán un par de decenas de miles de millones en la provincia de Buenos Aries. Por ello cierta reprogramación se está desplegando en la gestión que encabeza la gobernadora Vidal.
Se sabe, que gran parte del recorte que el gobierno nacional operará sobre la provincia recaerá en obra pública, aunque los funcionarios de economía no admiten oficialmente cifras sobre la situación. Sí deslizan que la provincia de Buenos Aires salió a buscar financiamiento “en pesos” antes de la corrida y si bien fue por 22 mil millones, obtuvo 30 mil a una tasa menor que la de 2017.
No obstante que la diferencia entre lo presupuestado y lo que realmente se podrá ejecutar en el principal distrito de la República en corriente año será a la baja, es cosa compartida por la dirigencia, propia y extraña.
En ese contexto de desfase, la gobernadora María Eugenia Vidal, que encabezará el gabinete ampliado en el CCK esta mañana, no quiere descuidar el gasto social que en principio ya está presupuestado, especial énfasis parece poner la mandataria en esta cuestión, claro que en principio es su “especialidad”.
Así, por caso, el anuncio de la hora es que, en 2019, el gobierno provincial duplicará las Casas de Encuentro Comunitario y llegará a la nada despreciable cifra de 50 puntos, lo que le permitirá asistir a más de 20 mil familias. Actualmente el programa asiste y contiene a más de 12 mil familias y la inversión para 2018 será de $ 66 millones.
Con el objetivo de fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en los barrios vulnerables y potenciar el desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en 2017 el gobierno lanzó el programa Casas de Encuentro Comunitario que ya cuenta con 25 establecimientos que asisten a 12 mil familias en 19 municipios.
La inversión para 2018 será de $ 66 millones y para 2019 se llegará a las 50 Casas con las que serán asistidas más de 20 mil familias del Conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca.
En 2017, la inversión destinada a estas obras fue de $ 41.8 millones y ya hay 25 Casas de Encuentro Comunitario en 19 municipios bonaerenses: Esteban Echeverría, Tigre, Lomas de Zamora, General Pueyrredón, Morón, Moreno, General Rodríguez, Campana, Bahía Blanca, San Nicolás, José C. Paz, La Plata, La Matanza, Malvinas Argentinas, General San Martín, Pilar, San Miguel, Florencio Varela y Quilmes.
El programa propone favorecer los procesos de contención familiar, la promoción de derechos y la participación y transformación comunitaria, a partir del fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los barrios bonaerenses más vulnerables.
Así, el gobierno provincial trabaja en equipo con las organizaciones para coordinar acciones y recursos y optimizar su tarea territorial lo que asegura un abordaje integral de las realidades de las familias y la comunidad, en función de su crecimiento y desarrollo.
En esta línea, se realizan mejoras en la infraestructura de los espacios y se le brinda ayuda a los equipos técnicos. Las organizaciones puede implementar los programas ministeriales y la provincia es la encargada de asignar las becas para su desarrollo. Algunos de los que ya fueron implementados son: el Programa Envión para los jóvenes, Unidades de Desarrollo Infantil para los más chicos, Centros de Día para niños y jóvenes y Plan Más Vida para las mamás.
El programa provincial también prevé apoyo económico para gastos operativos y de mantenimiento del lugar y destinado al financiamiento del Equipo Técnico Coordinador, conformado por referentes territoriales, profesionales y administrativos.
Los mismos, son designados por la organización, dándole prioridad a los referentes de la comunidad y/o a quienes ya realizaban tareas de forma voluntaria, entendiendo que son los que más conocen las necesidades particulares de los vecinos de una zona determinada y, por lo tanto, los más idóneos para la tarea.
Desde su puesta en práctica la gobernadora Vidal le presta especial atención a este programa y ahora pretende ponerlo como un modelo de acercamiento del Estado a los barrios, algo que es recurrente a la hora de pensar las políticas públicas de la gestión, que lo logren es otra cosa.
El bloque sabbatellista de Morón que ostenta la marca extendida de Unidad Ciudadana, se opuso claramente al funcionamiento del Aeropuerto de El Palomar. Así lo demostró en la última audiencia pública. Como no pudo ir en contra del “progreso” que propone el gobierno local comandado por Ramiro Tagliaferro, las malas lenguas inducen a pensar que “los contra” usufructúan de la peor manera el funcionamiento del mismo.
Según sólidas pruebas, al parecer parte del “sabbatellismo desocupado”, no solo de Morón sino también de Ituzaingó “manejan” agencias truchas de remis y de Uber, que operan con la llegada de los nuevos pasajeros Low Cost en las inmediaciones del Aeropuerto de El Palomar.
Tras realizar tres operativos de control de tránsito, donde a los remiseros se les retuvo el auto y el registro de conducir, invocaron como “su jefe” a un tal Daniel Larrache. Sí, el ex secretario de Planificación y Transparencia de la gestión Sabbatella, hoy ex concejal de Unidad Ciudadana. Las peleas entre remises de dudosa habilitación y Uber ya son conocidas. Lo que es una sorpresa para muchos es que el “sabbattellismo desocupado” dispute “territorio”, ahora, para manejar remises truchos. Pero bueno, en ocasiones la necesidad tiene cara de hereje.
Tras los sucesos económicos recientes, el acuerdo paritario que el gobierno provincial logró en abril con gran parte de los trabajadores del estado empezó a mostrar algunas novedades.
En abril, sorpresivamente, y mientras se tensionaba la cuerda con los docentes, la gobernadora Vidal alcanzó un entendimiento con los sindicatos de estatales que implicó un aumento del 15% dividido en tres tramos: 7%, retroactivo a enero; a partir de mayo 4% y de septiembre 4%. La revisión está estipulada para octubre.
Ese acuerdo alcanzado entre los funcionarios y los gremios se completaba con una cifra fija por permanencia o “presentismo” de $3.000 por año, que en estos últimos días se incrementó a $6.000. Este entendimiento que daba cierta previsibilidad a la administración central provincial, e incluso en algunos servicios específicos, nunca fue aceptado por los denominados gremios “combativos” y azuzado por los denominados “dialoguistas”.
Pero sucede que ahora con una inflación acumulada del 9,6%, a esta altura del año, y en este nuevo contexto económico, será difícil llegar a septiembre con una inflación menor al 11%. Ante esta situación el gobierno reitera que nunca se trató de un aumento anual de 15% “cerrado”, sino que siempre estuvo la “cláusula de revisión”.
“Tenemos una manera de volvernos a sentar y poder redefinir el acuerdo salarial”, según las palabras de la propia gobernadora Vidal, algo que perece que tendrá que ser muy pronto.
Estamos condenados a las elecciones y tal vez sea un buen remedio para nuestros males, que siempre pueden ser peores. En este caso se trata que más de 7.000 abogados eligen autoridades en el Colegio de San Isidro, a través de este sano mecanismo democrático. Serán entre el 30 y el 31 de mayo.
Se renovar parcialmente el Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina, y elegir los delegados a la Caja de Previsión del sector.
Es la última fecha del cronograma de renovación de autoridades en los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y una de las más importantes porque son más de 7.000 los abogados habilitados para sufragar en este departamento judicial que incluye, además de San Isidro, a los distritos de Pilar, Tigre, San Fernando y Vicente López.
Santiago Quarneti, candidato a presidir el Colegio de San Isidro por la lista oficialista del Movimiento Renovador, detalló que “hay 7.249 abogados matriculados habilitados para participar de los comicios”, que se realizarán en el edificio central del Colegio de Abogados de San Isidro, aunque el miércoles 30 los abogados de Pilar pueden votar en el mismo horario en la sede del Colegio de Abogados de Pilar, donde habrá una urna especial para el padrón de ese distrito. Los abogados que no hayan podido votar en Pilar ese día, pueden hacerlo el jueves 31 en San Isidro, según se aclaró.
No son unas elecciones cualquiera sino que se trata de las elecciones muy importantes pues según Quarneti “cuantitativamente somos el Colegio de Abogados con mayor cantidad de matriculados del país”.
En la mañana del sábado, en el marco del último timbreo de Cambiemos, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el subsecretario de Relaciones Municipales y concejal del distrito, Lucas Delfino, salieron a recorrer las calles de Hurlingham para escuchar a los vecinos.
Más o menos a la misma hora, un pollo del jefe de Gabinete y referente local de Cambiemos, Pablo Alaniz, junto al senador bonaerense Walter Lanaro, se exponía a los humores sociales de los vecinos del sureño distrito de Florencio Varela, un territorio un poco más hostil que el del jefe.
De todas formas, la profecía del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, no se cumplió, y eso que “es en el peor momento” de la coalición de gobierno, aclararon. Monzó hablaba de “rin raje” en lugar de timbreo, ante la hostilidad de los vecinos. No se llegó a eso, pero sí en Varela el informe de Lanaro y Alaniz tuvo algunas particularidades que se dejaron trascender, vaya uno a saber con qué oscuras intenciones. Como siempre, los vecinos reclaman “cosas terrenales: asfalto, seguridad y no inundarse”, no hubo mención alguna directa al las negociaciones con el FMI, pues parece un tema ajeno a las preocupaciones diarias, algas quejas municipales tales como “nunca me barrieron la vereda en 20 años”, se enumera entre los comentarios más salientes.
Pero el comentario que más llamó la atención es aquel que informaba que “de 10 personas, 8 hablan tranquilas y te reciben, 2 te sacan a las puteadas”. Algo que hace un tiempo atrás no sucedía, según deslizan.
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