La empresa de redes sociales enfrenta una demanda de 29 estados de EE.UU. que la acusa de retener a menores y recopilar sus datos personales sin autorización.
La empresa de redes sociales enfrenta una demanda de 29 estados de EE.UU. que la acusa de retener a menores y recopilar sus datos personales sin autorización.
Meta rechazó ante un tribunal federal de Oakland las acusaciones de 29 estados de Estados Unidos que sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñados para fomentar un uso adictivo entre adolescentes y recopilar ilegalmente información de menores de 13 años. La empresa negó que exista evidencia concluyente de que sus plataformas provoquen un deterioro en el bienestar de los jóvenes.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, reconoció que algunos usuarios pueden tener problemas relacionados con las redes sociales, pero sostuvo que las investigaciones disponibles no demuestran una relación clara entre el uso de las plataformas y esos efectos. También afirmó que Mark Zuckerberg buscaba mejorar los servicios de la compañía y no convertirlos en productos peligrosos.
La demanda fue presentada en octubre de 2023 y está encabezada por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Los estados sostienen que Meta utilizó distintas funciones para captar y mantener a los usuarios jóvenes, entre ellas algoritmos de recomendación personalizados, Historias, notificaciones, desplazamiento infinito y videos cortos.
La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, sostuvo que la estrategia de la compañía consistía en “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recopilar sus datos y luego ocultar la verdad al público”. Según la funcionaria, ese mecanismo funcionaba especialmente entre los menores de edad.
El caso también apunta al modelo de negocios de Meta. Los fiscales sostienen que la empresa priorizó el crecimiento y los ingresos publicitarios por encima de la seguridad de niños y adolescentes. Según la acusación, la publicidad representa el 98% de la facturación de la compañía y constituye un incentivo para aumentar el tiempo que los usuarios permanecen en sus plataformas.
Otro de los ejes del juicio es la recopilación de información de menores de 13 años. Los estados afirman que Meta sabía que niños de esa edad utilizaban Facebook e Instagram, pero no obtenía el consentimiento de sus padres antes de recopilar y monetizar sus datos personales, una conducta que, según la acusación, viola la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA).
Los fiscales también sostienen que la exposición excesiva a las redes sociales puede contribuir a síntomas de depresión, ansiedad y adicción, y acusan a Meta de minimizar públicamente esos riesgos. El fiscal general de California, Robert Bonta, afirmó que la empresa “diseñó un producto peligroso para los usuarios jóvenes” y que luego “mintió a los niños, a las familias y a la comunidad sobre el grado de dicho peligro”.
El juicio podría extenderse durante al menos seis semanas y expone a Meta a sanciones que, según los cálculos de las partes, podrían ubicarse entre 200.000 millones y 1,4 billones de dólares. Entre los testigos previstos se encuentran Zuckerberg, el director de Instagram, Adam Mosseri, y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis.
El primer testigo fue el exingeniero de seguridad de Meta Arturo Bejar, quien afirmó que “actuar rápido y romper cosas” seguía siendo el lema corporativo y que “la seguridad no se tuvo en cuenta” durante la implementación inicial de Reels de Instagram. Su declaración puso el foco en las decisiones de diseño y en si la compañía priorizó la permanencia de los menores en pantalla.
El proceso llega después de otros fallos contra Meta relacionados con la protección de menores. En Nuevo México, la empresa fue condenada a pagar 567 millones de dólares destinados a un fondo para abordar problemas de salud mental juvenil, además de otros 375 millones de dólares establecidos en un juicio anterior. El nuevo caso deberá determinar ahora si Meta vulneró las normas de protección infantil y si sus decisiones de diseño y recopilación de datos generaron los daños que denuncian los estados.