Siete de los 25 países que realizan escuchas ilegales de celulares privados, son de América Latina. Así lo revela un informe de la Universidad de Toronto
Un informe de la Universidad de Toronto (Canadá) indicó que 25 Gobiernos utilizan a la empresa de vigilancia Circles para hacer espionaje en los teléfonos celulares de sus ciudadanos, implementando un 'software' especial proporcionado por esa firma.
Según el trabajo, la compañía habría prestado este polémico servicio en cinco países de América Latina: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. También se destacan otros gobiernos del mundo: Dinamarca, Bélgica, Serbia, Estonia; Marruecos, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Botsuana, Kenia, Zambia, Zimbabue, Estonia; Israel, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y Australia.
En Latinoamérica hay varias instituciones públicas involucradas en esta revelación. Entre ellas, figuran: la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, la Secretaría de Marina mexicana, el Gobierno del estado de Durango (México), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia hondureña y las oficinas de Inteligencia peruanas.
México y Chile, los países más comprometidos
No es la primera vez que se destapa un escándalo nacional ligado a un posible acto de espionaje contra la población en México Durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se produjeron muchos cuestionamientos por el uso del sistema Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, por un presunto abuso de vigilancia. Los denunciantes señalaban que en vez de espiar a los delincuentes y narcotraficantes, se utilizaba contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, había prometido acabar con el espionaje ilegal. Sin embargo, a dos años de haber asumido la Presidencia, el informe de la universidad canadienses advierte que siguen produciéndose: "Parece haber sido utilizado por la Armada de México", se lee en la publicación.
En Chile, entre 2017 y 2018, Carabineros habría interceptado ilegalmente llamadas, chats de WhatsApp y Telegram de muchos periodistas. Según el informe, también espiaron a referentes mapuches y citaron conversaciones para justificar las detenciones, aunque muchos de los uniformados fueron procesados en la Justicia por colocar pistas falsas en los teléfonos de estos líderes sociales.
Informe: RT
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