La eventual reforma electoral ya monopoliza las primeras conversaciones políticas del verano provincial

Desdoblamiento de elecciones o elecciones conjuntas como siempre; con PASO o sin; con boleta sábana tradicional o con boleta única; con o sin voto electrónico, son algunas de las alternativas que se barajan para realizar los comicios generales que deberán realizarse en la provincia en 2019. Por ahora no sabemos si serán en octubre o en junio/julio.

No es cosa nueva de la política criolla este tipo de acciones en la previa, e incluso en ocasiones han llegado a avanzar y efectivamente modificar el cronograma, aunque no de manera tan sustancial como se está planteando ahora.

Está claro en el oficialismo la necesidad de avanzar en total sintonía con el gobierno nacional y que los cambios tienen que justificarse al menos en no resultar perjudicial para la empresa que encabeza el presidente Mauricio Macri y su posible reelección.

El oficialismo, mayoritariamente, entiende que desdoblar las elecciones nacionales de las provinciales es favorable a un triunfo de María Eugenia Vidal, pero nadie está seguro de que sea un aporte para el triunfo de Macri en octubre; y mientras este pensamiento original discurre, comienza a ser sopesado el costo que puede resultar de las acciones legislativas y las reiteradas convocatorias que pueden darse a una sociedad que no le resulta una buena noticia votar cinco veces en un año, como podría quedar planteado.

La oposición además presenta dos caras. Por un lado, está aquella que resalta lo mal que está el gobierno que tiene que salir a buscar el atajo de cambiar las reglas de juego e imaginan alternativas varias.

Por el otro, están los que quieren avanzar en reformas, pero que no estarían poniendo demasiado en juego como para tener que lamentarse. Es más, hasta no terminan de resolver una alternativa independiente en la provincia como sí se presentan en el orden nacional. Lo cual termina siendo un problema adicional para el oficialismo.

Cada vez empieza a quedar más claro para el gobierno que de llevar adelante reformas tendrían que ser definidas en el primer mes del año, para luego sí dar los pasos necesarios y volver operativas esas definiciones, que en casi todas las alternativas deben tener algún trámite legislativo.

Finalmente, en el gobierno bonaerense empezaron a respirar tranquilos, pues a pesar de la situación general que se vive en buena parte de la provincia y especialmente en el Conurbano, la realidad es que la paz se impuso y el conflicto social al parecer se posterga -para marzo según estiman algunos- luego de muchos diciembres de tensión.

Pero como cualquiera puede imaginar, hay acciones concretas que desde el gobierno prestaron especial atención para que finalmente esto suceda.

El Ministerio de Desarrollo Social asiste a familias con programas alimentarios a través del Plan Mas Vida, son 300 mil familias que cobran un refuerzo alimentario a través de una tarjeta de débito, y además este año se les dio dos bonos de $ 700.

El gobierno de la provincia también proporciona leche a través del programa “Vaso de leche por día”, que asiste a 434 mil niños y madres embarazadas, Se les entrega la leche a través de municipios y redes comunitarias.

Además, a través de comedores escolares se contiene a 1.700.000 alumnos: todos reciben desayuno o merienda por la universalización que comenzó en el 2018.

También se distribuyen “Módulos alimentarios”, para 120 mil familias, que son cajas con 14 alimentos.

Para el fin de año esto se vio reforzado, como es una tradición en la provincia, con el reparto para las fiestas de unas 300 mil cajas navideñas con productos típicos de estas festividades.

En programas de inclusión, como las denominadas Unidades de Desarrollo Infantil, más de 100 mil niños concurren a alguna de las 1008 sedes en 130 municipios.

A través del programa Envión, más de 121 mil chicos de entre 12 y 21 años en situación de vulnerabilidad participan de las 364 sedes.

Las Casas de Encuentro, un programa que se creó en 2016 con la idea de promover políticas de integración y participación comunitaria, también sumaron su contribución a la contención social que se buscó desde el gobierno.

“Hicimos refuerzos importantes, tanto en montos como en cantidad de gente a la que alcanzamos con la ayuda social, que ahora se da de manera más directa, con tarjetas bancarias y sin tantos intermediarios”, resalta cada vez que puede el ministro Santiago López Medrano.

El funcionario de San Martín considera que “vamos a tener un diciembre en paz, porque estamos trabajando para eso, pero ya llevamos tres diciembres desde que asumimos la gestión y no hubo situaciones de este tipo”.

En Hurlingham la novedad vino por el lado de la ordenanza fiscal e impositiva aprobada recientemente. Allí se estableció la creación de una Tasa de Acceso Justo al Hábitat, que graba la plusvalía que los desarrolladores urbanos pueden obtener como rédito a partir del nuevo Código de Ordenamiento Urbano.

Así, el Concejo Deliberante votó por unanimidad la ordenanza fiscal e impositiva para 2019, que contempla un incremento del 35% en las tasas municipales y crea una nueva imposición para los contribuyentes que obtengan ganancias en determinados terrenos a partir de las intervenciones urbanas que realice el municipio.

Se trata de un paso previo a la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que se prevé pueda ser sancionado rápidamente. La tasa se denomina Acceso Justo al Hábitat, y apunta a recaudar un monto específico de acuerdo a los beneficios que obtenga el propietario de un lote que quiera comercializarlo.

“Al cambiar la zonificación, se va a generar un valor extra en los terrenos y generará una ganancia mayor a quien lo explote. La tasa permite que el Estado pueda ser partícipe de ese valor extra”, explicó la concejal Cecilia Sáenz.

De todos modos, la discusión está centrada en cómo se aplicará el tributo: si sólo a los desarrolladores que pretenden construir en zonas donde antes no estaba permitido o incluso de los vecinos que vendan su propiedad. La decisión queda en manos del intendente Juan Zabaleta, que a partir del decreto reglamentario determinará qué hacer.

“La plusvalía urbana es aquello a lo que los constructores, que tienen todo su derecho de ejercer su actividad empresarial, pueden acceder por intervenciones del Estado en una determinada zona”, detalló Lautaro Aragón, titular de la Unidad de Gestión para la Planificación Estratégica del Municipio.

Después, ahondó en ejemplos y precisiones al respecto. “El Estado hace calles, cloacas y demás para que una zona sea viable y se incremente la población en ese lugar. Modifica una norma para permitir que se construyan más pisos de los que actualmente se puede. Ese señor, que compró un terreno y podrá construir en donde antes no podía va a tener una renta mayor”, describió.

Según comentaron varios dirigentes, la movida del PJ provincial comenzó en La Plata con la presencia de todos los diputados provinciales que apoyaron la candidatura de Guillermo Escudero para conducir los destino de esta urbe y centro político de la provincia.

La idea es plantear un frente con Cristina Fernández de Kirchner como referente nacional y los movimientos sociales, como la CTEP, pero con candidatos propios que se relacionan con el PJ local y que además forman parte del espacio que intendentes del Conurbano supieron crear y que se los reconocen “dialoguistas”.

Fueron 300 cuadros técnicos y profesionales que se reunieron bajo el lema “Pensar la ciudad” convocado por el candidato a intendente Guillermo Escudero.

Durante la jornada se discutió un plan de gobierno 2019/2023, dividido por áreas que a su vez se vincularan, según las diversas temáticas, con facultades pertinentes para profundizar las propuestas y buscar articulación con la universidad nacional de esta ciudad capital.

Pero más allá de la cuestión concreta en el plano local, la presencia de referentes de otros distritos que tienen una relación directa con intendentes del Conurbano, tales como los diputados provinciales Julio Pereyra, Federico Otermín, Carlos Urquiaga y Fabiana Bertino; se explica porque el formato se repetirá en otros distritos.

En La Plata, por caso, la candidatura de Escudero termina con el monopolio que ostentaban Florencia Saintout o Victoria Tolosa Paz de CFK, que a su vez empieza a ser una candidatura de “todos los sectores”, donde se incluye a “los pejotistas”, y no solamente de aquellos que aparecen como kirchneristas a secas. Y es precisamente ese esquema el que se intentará replicar en todos los distritos del conurbano, donde empiezan a despuntarse primera o internas más que interesantes, como será el caso que nos ocupa en particular.

Moreno es el primer municipio del país en aprobar una normativa que garantiza la igualdad de oportunidades y beneficios en el ámbito del trabajo.

El protocolo de equidad de género fue impulsado por el Departamento Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante, y no sólo se compromete con el trabajo cotidiano en la municipalidad, sino que es parte de una política activa por la prevención de la violencia de género en todo el distrito.

No obstante, el protocolo llega luego de un año con muchos conflictos a nivel local, que concluye con la imputación formal contra Marcelo García, concejal del FpV y expresidente del Concejo Deliberante por el delito de abuso sexual simple.

La decisión la tomó la fiscal Gabriela Urrutia, titular de la UFI Nº8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada por Rocío Gavilán, una exempleada, allá por el mes de octubre. Según su testimonio, el abuso sexual habría ocurrido hace unos años en las oficinas del Concejo Deliberante. La justicia la sometió a pericias, cuyo resultado arrojó credibilidad en su relato. García renunció a la presidencia del HCD días después de que trascendió la denuncia, aunque sigue siendo concejal en ejercicio. Ahora será citado a declaración indagatoria y se le realizaran exámenes psicológicos y psiquiátricos.