El Gobierno dispuso ayer que las empresas distribuidoras de gas apliquen los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo para usuarios residenciales, hasta tanto se apruebe un nuevo esquema, con aumentos, para lo cual se convocó a una audiencia pública para el 16 de septiembre.
Así quedó establecido a partir de dos resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publicadas ayer en el Boletín Oficial.
"Instruir a las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país que a los efectos de la facturación a los usuarios residenciales por los consumos registrados a partir del 1 de abril de 2016, apliquen los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo de 2016", según el texto oficial.
De este modo, por los consumos registrados a partir del 1 de abril de 2016, la facturación deberá efectuarse aplicando los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo de 2016, hasta que, finalmente, el Poder Ejecutivo pueda aplicar un ajuste tarifario en el servicio de gas.
El ENARGAS estableció que los montos a abonar entre el 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de este año, "no podrán superar en un monto equivalente a seis veces el monto total, con impuestos, de la factura emitida al mismo usuario en el mismo período de facturación del año anterior".
"En consecuencia, en aquellos casos que por aplicación de los cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1º de abril de 2016, el monto con impuestos a facturar superara el límite establecido, deberá deducirse de la factura que se emita al usuario", añadió.
El ENARGAS ratificó, además, que los montos no abonados por los usuarios de cualquier categoría por facturas emitidas con posterioridad al 1 de abril de 2016, o bien cuyos consumos a partir de dicha fecha no hayan sido debidamente facturados, las prestadoras deberán brindar la posibilidad del pago de los montos adeudados en cuatro cuotas mensuales consecutivas, iguales, sin intereses ni recargos, con vencimiento de la primera de ellas a partir del mes que viene.
También aclaró que los montos abonados "en exceso" por los usuarios, "deberán ser acreditados comenzando en la primera factura que se emita" a partir de ayer, "hasta reintegrar por completo la diferencia correspondiente".
El organismo regulador dispuso, asimismo, que por un plazo de 60 días -vigentes desde ayer- las prestadoras del servicio de gas "no podrán aplicar los mecanismos de notificación de deuda previo al corte de suministro por falta de pago previstos en la normativa vigente, respecto de la facturación de consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016".
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Empresas no pueden abonar las boletas
Tras la presentación de un recurso de amparo para frenar los aumentos en el gas, la CAME denunció ayer que muchas empresas, en especial las que son energo-intensivas, están en serias dificultades para pagar sus facturas y con riesgo de corte de suministro.
Así lo explicó a este diario Vicente Lourenzo, vocero de CAME, quien señaló que "apostamos a que un fallo de la Corte, como ocurrió con los usuarios residenciales, frene el aumento hasta que podamos discutir en las audiencias un precio razonable".
El dirigente indicó que "todavía no tenemos el dato del total de empresas que se hayan en dificultades y es probable que ni siquiera el ministerio de Energía lo tenga, pero sabemos que son muchas".
Ayer, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal, para frenar los aumentos en las tarifas de gas para "usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país", se informó.
La presentación se realizó ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1, de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el escrito, la entidad aclaró que interpuso el amparo "en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo PyME contra el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y contra el Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS)".
Vecinos hicieron "veredazo" solidario en Boedo
Vecinos y comerciantes de Boedo llevaron adelante ayer un nuevo "veredazo", protesta en solidaridad por el inminente cierre de un local de ropa de bebés que dejará de funcionar a causa del aumento de tarifas y la caída del consumo. La original manifestación consiste en que los locales saquen su mercancía a la vereda, según comentaron los vecinos, "en señal de que nos estamos quedando en la calle". En el cierre del reclamo, la gente procedió a un "cierre simbólico", en el que se bajaron las cortinas del comercio Nubecita y se encendieron velas a modo de despedida. Durante el nuevo "veredazo" realizado en San Juan y Boedo, los dueños de locales denunciaron que ya se cerraron más de 1.500 comercios debido a "el incremento en las tarifas y los alquileres, la inflación que impide el traslado a los precios y la competencia de grandes cadenas que cuentan con grandes ventajas". "En julio decidí cerrar para no quedarme con deudas, porque ya que no hay consumo. Debo pagar hasta un 50 por ciento más de alquiler, además del tarifazo. No lo puedo afrontar y no quiero tener que pedir un crédito para mantener el local", sentenció la dueña del local que había abierto sus puertas en el 2010.