Economía
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La Defensoría del Pueblo de la Ciudad recordó que existían dos leyes, una de 2006 y otra de 2010, que ponían límite a los abusos que representan un volumen de 6 mil millones de pesos transferidos en forma ilegal.
El reciente fallo del juez Marcelo Segón que obliga a las inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires a cobrar sólo un mes de comisión en los contratos de alquiler, sigue teniendo repercusiones, ya que la entidad Inquilinos Agrupados emitió un comunicado exhortando a los inquilinos afectados a denunciar estos excesos ante organismos relacionados con la actividad, como esa misma entidad o la Defensoría del Pueblo porteña.
La entidad, que el miércoles planteó el tema ante la Cámara de Senadores, señaló en un comunicado que "el fallo del juez Segón está firme, y se debe respetar el límite al cobro de comisiones por el monto equivalente a un mes de alquiler".
Según Gervasio Muñoz, secretario de Inquilinos Agrupados, "frente a los argumentos que circularon últimamente sobre la imposibilidad de las inmobiliarias más pequeñas de subsistir sin cobrar dos meses de comisión, creemos que no se puede justificar la violación de una ley porque la rentabilidad de un negocio no es la esperable, y menos aún en un tema tan sensible como es el alquiler de una vivienda".
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo porteña se presentó como "tercero interesado" en la causa, e hizo un llamado para denunciar los casos de abusos.
Según explicó a DIARIO POPULAR uno de sus representantes en el área de atención a inquilinos, Fernando Muñoz, el miércoles "nos presentamos al juzgado del doctor Segón, planteando que está vigente la ley 2340, que fue consensuada por toda la Legislatura, y contiene un artículo en el cual se señala que esa comisión no puede superar el 4,15 del valor total del contrato".
Muñoz comentó que "esta ley es de fines de 2006, y se votó en forma unánime. Además, en 2010 hubo una segunda ley en la que se advertía a las inmobiliarias que debían informar al posible inquilino sobre este límite en la comisión, mediante un cartel visible". El representante de la Defensoría remarcó que "si se suma el acumulado de los cobros ilegales, es decir, una comisión de más por cada operación, significa mas de 6 mil millones transferidos en forma ilegal".
"Cuando se sancionó el Código Civil en 2015, las inmobiliarias quisieron justificarse con una nueva interpretación, en base al acuerdo libre con el inquilino. Pero el Código respeta todas las leyes, que tienen prioridad", detalló.
En ese sentido, precisó que "la "Cámara Inmobiliaria se acostumbró a que no intervenga la justicia, y los inquilinos son burlados por su accionar". Así, Muñoz aconseja que el inquilino debe reclamar el recibo y la factura, y con eso efectúa la denuncia ante la Defensoría. "Desde aquí llamamos a la inmobiliaria, para que devuelvan el importe que no corresponde, y hacemos la denuncia", subrayó.
Como el mínimo de un contrato son dos años -enfatiza Muñoz- es un negocio millonario. Además, ahora suelen alquilar muchos departamentos en edificios sin final de obra, por lo que los inquilinos pagan mucho y después tienen hasta problemas con el ascensor por falta de luz".
"Nos llegan unos 50 o 60 casos diarios de denuncias al respecto", dijo, y valoró el aporte organismo público de control, dirigido por el defensor del pueblo, Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo, quien creó la primera oficina pública de Defensa de Inquilinos.