La Procuración Penitenciaria de la Nación dio a conocer su informe anual, que no sólo contabiliza los episodios de agresiones físicas sino además las amenazas u hostigamientos

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que durante 2019 se registraron 427 casos de torturas y malos tratos en las cárceles federales, al presentar su informe anual sobre las situaciones de agresiones físicas y/o psicológicas que padecen los internos y, en general, son aplicados por el personal de las fuerzas de seguridad.

El organismo viene llevando adelante esta tarea desde 2007 y en estos doce años de existencia ha constatado que se dieron 5.834 episodios de este tipo, en los que se exponen actitudes violentas de parte del personal penitenciario hacia los reclusos.

"De estos 427 casos de torturas y malos tratos, que se detectaron en 2019, se identificaron 321 episodios, es decir, del total, hay hechos individuales o colectivos. Además, al menos, 48 personas fueron víctimas en más de una ocasión", indica el trabajo de la PPN, en el que se agrega que "estos se traducen en 390 casos de violencia física, 128 de amenazas graves, 106 de aislamientos prolongados y 29 de escasa o nula alimentación".

El procedimiento para relevar los casos se ha ido modificando a lo largo de estos años, con intenciones de profundizar en la obtención de información a la hora de realizar denuncias penales. "De este modo, se extendió el abordaje y además de los casos de violencia física se contabilizan las amenazas graves u hostigamientos, los aislamientos prolongados como consecuencia de las golpizas y la falta de alimentación durante el aislamiento, como modos de complementar diferentes tipos de maltratos y violencias", explicaron.

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Al mismo tiempo, aclararon que "la casi totalidad de los hechos ocurre dentro de las unidades y los episodios de tortura continúan atravesando todos los sectores de alojamiento, desde el primer momento de la detención". Y en relación a los lugares donde se produjeron los casos, se destaca que "en la celda/pabellón" se dan el 44 %, en tránsito/pasillos/patios un 26 %, en "leonera"/sala de espera un 14 %, en oficinas administrativas 9%, en "buzones"/celda de aislamiento 7%, en hospital/centro médico 7 %. otro lugar 7%, vía pública 5, camión de traslados 4 %, en dispositivos de salud mental 3% y en talleres laborales intramuros un 1%. (Los porcentajes superan el 100% puesto que se trata de una variable de respuesta múltiple, es decir, cada caso admite más de una clasificación posible).

Sobre las edades de las víctimas de estos casos de violencia institucional, la principal franja etaria perjudicada es la que va de los 25 y 34 años, que representan casi la mitad de casos. "El 85% del total se concentran entre los que tienen de 18 a 44 años, que son una gran proporción de la población encarcelada a nivel general. Un 12% de las víctimas eran jóvenes adultos/as de entre 18 y 21 años, porcentaje alto de victimización si se considera que son el 3% en el Servicio Penitenciario Federal", precisa la PPN, denunciando que "un caso corresponde a una detención en la vía pública de un niño de 13 años y es el caso más joven registrado desde el inicio del registro de torturas y malos tratos". Las estadísticas de este documento reflejan que las víctimas son de nacionalidad argentina en el 90% de los casos, un 9% son extranjeras y del 1% restante no se tienen datos. También que el 89% son varones, 8% mujeres y un 3% al colectivo LGBT+, marcando que "la distribución por género suele mantener las proporciones generales, aunque las mujeres aparecen levemente sobre representadas. En el caso del colectivo LGBT+, el organismo pretende ser respetuoso de las diversidades, aunque en muchos casos las personas no son alojadas en los pabellones que les corresponden y es difícil identificarlas".

Si bien el relevamiento abarca a dependencias del Servicio Penitenciario Federal de todo el país, "las unidades ubicadas en el AMBA concentran el 61% de la población penal y esto se refleja en el relevamiento de torturas, donde los grandes complejos, como Ezeiza, Marcos Paz o Villa Devoto, reúnen el 48% del total de casos registrados", aunque por la cantidad de hechos también figura en un lugar destacado la cárcel de Rawson.

"La mayoría de los episodios fueron durante reclamos o pedidos de detenidos/as. Estos reclamos, en un 37%, implican cualquier solicitud o demanda referidos a la vida cotidiana en el encierro. Desde hablar por teléfono, salir a duchas, pedir medicación, solicitudes por trabajo o estudio o reclamos por visitas, entre otros. También hubo un 35% de casos de violencia durante requisas Las requisas se distinguen entre las ordinarias de pabellón (7%) y las extraordinarias (28%) por conflictos entre presos, sorpresivas o por otros motivos". Las modalidades de violencia más extendidas y frecuentes son los golpes de puño (79%) y las patadas, pisadas o pisotones (63%), pero también hubo casos de asfixias, cachetadas, golpes en los oídos, "puente chino" y varios otros.

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