Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron 34 allanamientos en los que se secuestraron armas, drogas, dinero en efectivo, documentación, teléfonos celulares y hasta tres picanas eléctricas.

Cuatro jefes policiales y cinco efectivos, dos secretarios judiciales y otra persona fueron detenidos, al mismo tiempo que un fiscal quedó imputado y con un pedido de desafuero para ser arrestado, en el marco de una investigación por el "armado de causas", vinculadas al "narcotráfico y asociación ilícita", donde hubo allanamientos en la sede de la Drogas Ilícitas de San Isidro.

Las aprehensiones fueron ordenadas por la Justicia Federal de San Isidro y realizadas por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de 34 allanamientos en los que se secuestraron armas, drogas, dinero en efectivo, documentación, teléfonos celulares y hasta tres picanas eléctricas.

El fiscal imputado en la causa y con pedido de desafuero es Claudio Scapolán, actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, por presunto armado de causas junto a policías cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción de Investigaciones Complejas, que fuera disuelta en diciembre de 2016.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en un expediente que se inició en 2016 y en el que también interviene la Fiscalía Federal Nro. 2 de San Isidro, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez, ordenó la realización de los procedimientos en distintos domicilios, pero también en dependencias policiales y judiciales.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, quienes concurrieron ayer a la fiscalía que es la ex UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada como de Drogas Ilícitas), que funciona en el 2do. piso de los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde en 2015 se desempeñaba Scapolán y de donde secuestraron computadoras y documentación.

Por tener fueros, Scapolán no pudo ser detenido, pero la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez ya pidieron su desafuero y en los próximos días fijaran fecha para su indagatoria.

Los dos secretarios que en esa época trabajaban junto a Scapolán, Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, en cambio sí fueron detenidos.

También fue allanada con el mismo objetivo la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, ubicada en Martínez.

"En total fueron detenidos nueve policías. Ellos son los comisarios Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty; los subcomisarios Oscar Antonio Caviglia y Juan José Magraner; los oficiales principales Juan Alberto Elizalde y Juana Elizabeth Medina; el subteniente primero José María Delgado; el sargento Santiago Ignacio Cabre; y el ayudante Alexis Jesús Tabares. Además, de un civil, identificado como Cristian Sebastián Seu", se indicó.

La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se puso a disposición de la Justicia Federal y adelantó que todos los policías ya fueron puestos a disponibilidad preventiva.

La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, aunque se aclaró que solo fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí alojado en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.

Otros procedimientos se realizaron en estudios jurídicos de dos abogados que también son investigados en el marco de la misma causa federal y que se encuentran prófugos. "Uno de ellos es un penalista de larga trayectoria que actuó como defensor en varios casos resonantes, y el otro es un joven pariente de dos jueces de renombre, uno de ellos camarista", según trascendió.

Al menos dos son las causas por narcotráfico iniciadas por Scapolán en las que se detectaron las irregularidades y quedaron nulas y motivaron la investigación federal sobre el funcionamiento de su fiscalía.

Una de ellas, es una causa de 2015 en la que un detenido denunció que el propio fiscal Scapolán y los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro, le "plantaron" un kilo de cocaína en el baúl de su auto, le exigieron 20.000 dólares de coima a su mujer y le "armaron" una causa.

En ese expediente, los abogados involucrados le habrían dicho al detenido que firmara un juicio abreviado, pero ante las irregularidades detectadas, el juez que debía homologarlo, no lo aceptó y la causa también fue declarada nula..

Otro de las supuestas causas irregulares de la fiscalía es la que se conoció el 29 de diciembre de 2013 como la operación "Leones Blancos", en la que se secuestraron casi 500 kilos de cocaína en una camioneta interceptada en Boulogne y en una quinta de Moreno.

En el juicio oral, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín declaró nula la causa y absolvió a los cuatro imputados.

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