Tanto en la investigación por la apropiación de niños (sus propios hijos, Marcela y Felipe), como en la de Papel Prensa, a la directora de Clarín le dictaron el sobreseimiento
Durante las últimas décadas, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tuvo que afrontar dos causas sensibles. La primera fue en 2001, por una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo que sospechaba de que los hijos de Ernestina, Marcela y Felipe, habían sido apropiados de manera ilegal durante la última dictadura cívico militar. La otra fue en 2010, en la investigación por la venta ilegal de Papel Prensa. En ambas, sin embargo, quedó sobreseída.
Adopción ilegal
La causa por la filiación de Marcela y Felipe había comenzado en 2001; en 2002, el entonces juez Norberto Marquevich ordenó la detención de la empresaria. Pero luego fue excarcelada.
Recién en 2010, la jueza Sandra Arroyo Salgado allanó la casa que Ernestina Herrera de Noble posee en Martínez. Finalmente, luego de largas discusiones judiciales, la Justicia resolvió que los estudios genéticos a lo hijos de Ernestina serían efectuados por al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que el Poder Ejecutivo acababa de colocar bajo su órbita. Y, en 2012, finalmente se terminaron las pruebas.
A lo largo de 2012, Arroyo Salgado ordenó realizar una triple batería de cotejos. Los estudios fueron ejecutados por el BNDG y se hicieron en tres pasos: primero, se comparó el ADN de Marcela y Felipe con los de dos familias querellantes que invocaban lazos de sangre con Marcela y Felipe; segundo, con aquellas muestras de bebes nacidos entre 1975 y 1976 y, finalmente, con el resto de personas nacidas en 1977. Los tres cotejos arrojaron resultados coincidentes: Marcela y Felipe no son hijos de desaparecidos, según lo reconoció el BNDG.
En ese momento, sin embargo, la jueza Arroyo Salgado no dispuso el sobreseimiento de la directora del periódico, porque entendió que debía esperarse que la Corte resolviera si había que realizar nuevos estudios.
En 2016, la jueza resolvió sobreseer a Ernestina. “El evento imputado a la nombrada no ha podido ser corroborado con el grado de probabilidad requerido por la ley procedimental”, explicó Arroyo Salgado.
La jueza de San Isidro rechazó antes el pedido de indagatoria hecho por el fiscal Fernando Domínguez para Ernestina y consideró que ello responde “más bien a una ciega intención de persecución del Ministerio Público Fiscal al que pertenece el magistrado con el afán de dar continuidad y/o justificar los agravios que la calificaron exponencial y públicamente de ‘apropiadora’ a la presentante”.
El cierre de la causa había sido pedida a mediados del año pasado por los abogados de la viuda de Noble, el ex juez federal Gabriel Cavallo y Eduardo Padilla Fox, en base a los resultados de los estudios genéticos conocidos de mediados del 2011. En su respuesta a la vista, el fiscal Fernando Domínguez rechazó el cierre y pidió en cambio una nueva citación a prestar declaración indagatoria de la imputada.
Herrera de Noble había alegado ante la justicia que el 13 de mayo de 1976 halló a Marcela en una caja depositada en la puerta de su casa y presentó en principio como testigo a una vecina. Pero luego se determinó que ambas circunstancias eran falaces ya que el domicilio que denunció como real, en Lomas de San Isidro, no era su lugar de residencia y la testigo fue reemplazada por un supuesto cuidador de una finca vecina que luego se supo que era un chofer del diario Clarín.
En cuanto a Felipe Noble Herrera, en el expediente se verificaron idénticas irregularidades ya que el niño presuntamente entregado por una mujer al Tribunal de Menores un año después nunca pudo ser hallada.
El fiscal Domínguez manifestó su intención de indagar nuevamente a Ernestina Herrera de Noble para ampliar su imputación “por los delitos de alteración, sustitución y supresión de la identidad, como así también, de sustracción, ocultamiento y retención de sus hijos adoptivos".
En su resolución, Arroyo Salgado no descartó que se puedan tratar de dos hijos de desaparecidos y pese a las absoluciones no cierra el expediente “hasta que la probanza esencial brinde elementos que permitan abonarlos o debilitarlos”.
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Papel Prensa
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Graiver, quien murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Tanto Papaleo como Ianover fueron secuestrados durante la última dictadura militar y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
La investigación por el caso Papel Prensa se inició en 2010 en el Juzgado Federal 3 de la Plata. Luego de un largo proceso, en diciembre del año pasado, el juez Julián Ercolini sobreseyó Ernestina Herrera de Noble y Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Guillermo Juan Gainza Paz y Raymundo Juan Pío Podestá en esa causa.
Luego de repasar todas las pruebas incorporadas al expediente, el juez Ercolini advirtió que "no han logrado probarse las hipótesis de imputación". Y explayó: "En efecto, no existen elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina".
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