Un acta de la ANMAT de 2019 había detectado irregularidades graves y recomendó la clausura, pero el laboratorio continuó operando.
El avance de la investigación por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sigue revelando antecedentes comprometedores. Con la detención del propietario del laboratorio HLB Pharma, Ariel García Furfaro, se conoció que la planta señalada ya había recibido en 2019 una orden de clausura por graves fallas en la producción de medicamentos.
Sin embargo, la medida nunca se ejecutó, y la empresa continuó operando con normalidad. El documento muestra que la advertencia fue emitida durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la órbita del entonces ministro de Salud Adolfo Rubinstein. En mayo de ese año, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, realizó una inspección en la planta y determinó que la firma funcionaba a un nivel “no aceptable” de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
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La revisión detectó la producción de medicamentos sin autorización, como el Omeprazol, y una serie de deficiencias estructurales. Entre ellas, la ausencia de un jefe de Garantía de Calidad y la presencia de personal no capacitado en la unidad de control. “Se sugiere la clausura del establecimiento y la prohibición de comercialización y uso en todo el país”, concluyó el acta del 14 de mayo de 2019.
La recomendación fue elevada en julio de ese año por la entonces jefa de medicamentos de ANMAT, Gabriela Vedoya, y reforzada en septiembre por la dirección de inspección, que solicitó la inhibición del laboratorio de García Furfaro. No obstante, ninguna de esas resoluciones se tradujo en medidas concretas.
Expansión de HLB Pharma
Lejos de paralizarse, las plantas de HLB Pharma y del grupo empresario se expandieron durante el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, García Furfaro estuvo involucrado en gestiones clave durante la pandemia, como la compra de vacunas Sputnik V a Rusia.
Los antecedentes ahora cobran una nueva dimensión en el marco de la tragedia sanitaria provocada por la contaminación del fentanilo, un potente anestésico de uso hospitalario. La Justicia busca determinar cómo se produjo el envenenamiento que causó la muerte de 96 pacientes y dejó decenas de afectados, y si la inacción de los organismos de control facilitó que el laboratorio siguiera fabricando en condiciones deficientes.
Las irregularidades de HLB Pharma, confirmadas en documentos oficiales, atravesaron distintas gestiones políticas sin que se aplicaran sanciones ni clausuras. Ni el Ministerio de Salud durante el macrismo ni las administraciones posteriores, bajo Ginés González García, Carla Vizzotti y otros funcionarios, avanzaron en la aplicación de las medidas recomendadas por la ANMAT.
Hoy, con el caso en la Justicia y la magnitud del daño ya consumado, las responsabilidades no solo recaen sobre el empresario detenido sino también sobre el entramado de controles estatales que nunca actuaron frente a una advertencia tan contundente.
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