A un mes del vencimiento del decreto de necesidad y urgencia que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos, un clima de incertidumbre impera entre miles de inquilinos que acumulan deudas y ven la posibilidad cierta de perder sus viviendas.
Desde el gobierno aseguran que se estudian posibles salidas a la situación, entre las cuales se mencionan acordar líneas de créditos blandos para afrontar los impagos o directamente la prórroga del DNU 320/20 hasta marzo del año que viene.
Los efectos del DNU 320, que vence el 31 de septiembre, alcanzan a los alquileres de vivienda única, habitaciones en pensiones, alquileres para actividades culturales o comunitarias o destinados a pequeñas producciones familiares y agropecuarias.
También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos para la prestación de servicios, comercio o industria; los alquilados por mipymes, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.
Si bien dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el próximo 30 de septiembre, el decreto prevé que la diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento será abonada en hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.
En el caso de los alquileres impagos, estos deberán saldarse a partir de octubre y solo se podrán aplicar intereses compensatorios (ni intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad).
En ese marco, este lunes la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que "el gobierno nacional suspendió los desalojos hasta marzo del año que viene", pero sin dar precisiones en cuanto a si se trataba de una decisión ya asumida por el gobierno.
Desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en tanto, confirmaron a este diario que aunque todavía no hay una resolución tomada respecto a la prórroga del decreto, "se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro ministerio".
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En esa cartera evalúan que la continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas. "El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda", dijeron las fuentes.
Según explicó Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, "la indefinición con respecto a la vigencia del DNU 320 está causando mucha incertidumbre y angustia entre los locatarios, recibimos todos los días testimonios de personas desesperadas ante la posibilidad de ser desalojadas por falta de pago o porque no podrán renovar sus contratos".
¿Cuánta gente hay en esta situación? No hay coincidencia en las cifras ya que para los operadores inmobiliarios la morosidad de alquileres no es superior a 15%, en tanto que para las entidades de inquilinos esa cifra supera el 30% y la mitad acumula deudas de dos meses o más de alquiler.
Frente a este escenario Fernando Muñoz, coordinador del Programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña, propuso que "primero hay que parar la caída y luego ir a un plan de desendeudamiento, prórroga del decreto para que nadie quede en la calle y normalización de los alquileres a partir de que el Estado garantice el derecho a la vivienda".
Según el funcionario, el Estado no debe descuidar el derecho a la vivienda y debe evitar el efecto poscrisis de 2001, con desalojos masivos, venta de viviendas únicas familiares por endeudamiento con los consorcios y más "inquilinización".
Desde el sector inmobiliario las cosas se ven diferentes y la posibilidad de una prórroga del decreto acarrearía un inmediato deterioro del mercado locativo. "Ante la posibilidad del congelamiento de precios por un año que significaría la ampliación de la vigencia del decreto, se terminaría la oferta", dijo Armando Pepe, titular del colegio de profesionales inmobiliarios porteño (Cucicba).
Según el dirigente la retracción de la oferta de alquileres se produciría de inmediato y por otra parte aumentarían los precios entre 20 y 25%. "Hoy por hoy tenemos precios estables y hay mucha oferta", dijo Pepe al precisar que "en Ciudad hay 8356 inmuebles para alquilar".
En cuanto a la morosidad, Pepe destacó que "según nuestras encuestas -hoy se darán a conocer las cifras de agosto- el impago de alquileres está dentro del rango del 15 % en promedio en todo el país en los últimos tres meses, lo que es un nivel razonable".
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