El martes se desconectaron 182 máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo y durante el transcurso del día se procedería a cerrar el resto de las salas por una millonaria deuda que mantienen con Lotería Nacional. Quinientas familias se quedarían sin trabajo
Trabajadores de los cinco bingos de la ciudad de Buenos Aires cortaron ayer a la tarde varias de las principales avenidas frente a las salas de juego, cuyo cierre definitivo fue dispuesto para hoy a las 16 por Lotería Nacional.

Los cortes se realizaron en Corrientes y Esmeralda (bingo Lavalle), Rivadavia y San Pedrito (bingo Flores), Cabildo 3200 (bingo Belgrano), Rosario 744 (bingo Caballito) y Rivadavia al 1800 (bingo Congreso).

Según indicaron los delegados, el veredicto de Lotería Nacional que hace algunas semanas marcó la sentencia de los bingos porteños va en línea con la intención del Gobierno porteño de 'barrer el juego de la ciudad'.

En ese contexto el martes fueron desconectadas 182 máquinas tragamonedas que funcionaban en el hipódromo de Palermo y en el Casino Flotante de Puerto Madero, propiedad del empresario Cristóbal López, que funcionaron durante diez años sin control oficial.

El Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) hizo pública una problemática que amenaza con interrumpir la fuente de ingreso de unas 500 familias.

Los contratos de concesión de los operadores de las salas de juego vencieron en diciembre de 2014 y hasta ayer continuaron abiertos por una medida cautelar de la Justicia que impide el cierre.

La semana pasada el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, hizo lugar a otra medida cautelar solicitada por Aleara para que Lotería Nacional no tome decisiones que afecten los derechos laborales de los 500 empleados, que incluyen el rubro juegos de azar y gastronómicos.

Lotería Nacional les reclama a los dueños de los bingos una deuda de 260 millones de pesos, por retención de recursos que se deben destinar al área de Desarrollo Social. Y también inició una querella contra los operadores por defraudación al fisco.



Clausuran tragamonedas de casinos porteños

Lotería Nacional clausuró 182 máquinas tragamonedas ubicadas en el Hipódromo de Palermo y en los barcos de Puerto Madero, que son propiedad del empresario Cristóbal López, tras encontrar fallas de seguridad durante una inspección.

Se trata de 94 máquinas del Hipódromo y 88 de los barcos casino de Puerto Madero, las que fueron clausuradas con una faja roja y ahora se encuentran fuera de servicio.

Un grupo de inspectores comenzó la inspección hace una semana, que derivó en las medidas contra las tragamonedas propiedad de López.

Algunas máquinas no tenían certificados del fabricante y de algún laboratorio internacionalmente reconocido, requisitos obligatorios para garantizar que no hay trampas en el juego.

Otras, en tanto, no contaban con un sistema de emergencia llamado UPS, que sirve para mantenerlas activas durante al menos 15 minutos en caso de cortes de luz.

En el Hipódromo de Palermo existen unas 4.500 tragamonedas, mientras que en los barcos hay otras 1.200.

Al respecto, el diputado de la Ciudad por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó: "Lotería Nacional hizo lo que le venimos pidiendo a la Justicia desde hace años y que a lo que el Juez Canicoba Corral se negó una y otra vez y no haber archivado la causa como hizo".

"Hoy la decisión que tomó Lotería Nacional en relación a las máquinas tragamonedas no vuelve a dar la razón", resaltó en un comunicado el legislador, que en mayo de 2014 había denunciado "a Casino Club e Hipódromo de Palermo por ser controlante y controlado y por haber vendido el sistema de control online de apuestas y ganancias armado a su medida".

Ferraro señaló que también denunció al directorio de Lotería Nacional "por haber realizado una contratación directa sin mediar licitación pública o compulsa de precios del sistema de la empresa IGT -la misma que le provee las máquinas a Cristóbal López- y por no poseer un control serio, eficaz y transparente que impidiera la evasión y el lavado de dinero".

En 2013, el por entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri había pactado con los operadores una extensión del convenio entre la Nación y la Ciudad, por la cual esta última recibiría un porcentaje de la recaudación a cambio de condonarle la deuda impositiva por Ingresos Brutos.

La Legislatura porteña llegó a votarla, pero la presión política obligó a un cambio.

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