Fuentes judiciales dijeron que ayer por la tarde la jueza emitió una resolución que señala en su capítulo quinto que el
Ministerio Público Fiscal, la
Policía Metropolitana y el resto de los organismos porteños afectados al desalojo de esos terrenos, deberán conformar una mesa técnica
"para diseñar la forma en que se ejecuta la orden".
Además, la jueza dispuso que los ocupantes del predio, rebautizado como
"Papa Francisco",
deberán ser notificados en una fecha anticipada al operativo de desalojo, sin precisar el plazo de esa anticipación.
Más de 200 familias que ocupan desde el 25 de febrero último los terrenos aguardaban ayer el desalojo luego que la
Cámara Penal resolviera rechazar la medida presentada por la
Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires que pedía resolver la cuestión habitacional de los ocupantes, con la remediación del terreno, como paso previo a la desocupación.
Treinta legisladores de la oposición pidieron ayer a la jueza a través de un escrito
"una salida dialogada a la problemática de la vivienda" en el predio tomado en Villa Lugano.
La nota fue firmada por los bloques del Frente para la Victoria, UNEN, el MST e Izquierda Popular y según el legislador
Alejandro Bodart,
"la intención es que la jueza sepa que hay otras alternativas" para que la situación
"no termine en un baño de sangre".
En el predio la situación fue de tranquilidad, aunque conocida la nueva disposición de la jueza los habitantes comenzaron a debatir los próximos pasos.
"Nosotros alquilábamos enfrente,
en la Villa 20, una habitación con baño compartido por 750 pesos al mes,
suma que cuando no tenemos trabajo es mucha plata", dijo Ana, de 20 años, que permanece en la toma con su esposo y Luca, su bebé de cinco meses.
Ana contó que "
es muy complicado poder cuidar a Luca" ahí: "
es chiquito y no tenemos todo lo que le hace falta, pero ya no podíamos seguir pagando ni tampoco tenemos a dónde ir", explicó.