Paredes electrificadas e incendios por cortocircuitos son algunos de los problemas habituales con los que conviven los vecinos de la Villa 21-24, del sur de Capital Federal, donde vecinos reclaman desde al menos una década que se solucione el grave problema que sufre el barrio, por el que ya hubo varios accidentes y muertes por electrocución.
La 21-24 comprende los barrios de Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios, tiene casi 50 mil habitantes y continúa incrementando su población, lo que conlleva un crecimiento en las construcciones y en el requerimiento de servicios básicos de los que no disponen.
En una recorrida por el asentamiento más grande de la Ciudad de Buenos Aires no se observan postes de luz en las condiciones que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) establece como “seguras” y que, entre otras pautas, indica que no puede ocuparse más de 3% de la superficie del poste con cables. “No hay ninguno derecho, están todos torcidos, los que todavía están en pie”, expresa Sandra (quien pidió reserva del apellido) mientras cierra la puerta de su casa para ir a trabajar y cuenta: “Es el drama de mi vida, me voy por ocho horas y no sé si cuando vuelvo mi casa está a salvo”.
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Este no es el único fenómeno, ya que cerca de las vías, por donde cuatro veces por día pasa un tren carguero, hay cables de media tensión que cuelgan a escasos centímetros de las formaciones. “Un tren puede ‘llevarse puesto’ esos cables en cualquier momento. Es un peligro, pero es con lo que convivimos desde siempre”, afirmó Lucas, de 25 años. Incluso, existen cables de media tensión que pasan por adentro de los hogares o postes de distribución de electricidad que quedaron en patios de casas o se apoyan sobre las viviendas, además de transformadores móviles que, según los vecinos, se incendian “cada dos por tres”.
Es el caso del centro cultural de la Fundación TEMAS, donde van a diario 80 chicos que reciben apoyo escolar; adolescentes que concurren a talleres de formación; y voluntarios que colaboran con distintas tareas. Sobre el techo, se apoya un cable de media tensión con tramos pelados y hace dos meses un recalentamiento produjo un incendio, que fue reparado.
Hace pocas semanas, por orden de la justicia porteña, una cuadrilla de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) fue a repararlo. Sin embargo, Paz Ochoteco, quien trabaja en el barrio hace 18 años. se permitió poner en duda la eficiencia del trabajo. “El arreglo del gobierno fue ponerle un poco de cinta aisladora a los cables de media tensión y con una madera separarlos del techo. Eso fue todo”, apuntó.
Al ser consultada por la situación en el barrio, voceros de Edesur aseguraron que “la distribución (del suministro eléctrico) sólo llega a la entrada de la villa”, por lo cual “toda la distribución interna no depende” de la empresa. Y agregaron: “Esperamos que se pueda normalizar, ya que es un riesgo tanto para los habitantes del asentamiento como para la calidad de servicio de los vecinos cercanos”.
Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad afirmaron que se encuentran “trabajando junto a otras áreas de gobierno para aportar soluciones”. “La UGIS realiza tareas de mantenimiento eléctrico en todo el barrio mediante cuadrillas con personal especializado que operan de lunes a lunes”, aportaron.
Frente a todo este panorama, tratando de avanzar en pos de una solución, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó en febrero pasado la creación de “una mesa de diálogo” para que se elabore “un plan integral de obras que solucione los problemas eléctricos”. Además, denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo porteño contra la constitución de ese espacio de trabajo.