El documento de la casa de altos estudios también da cuenta que unas 400 mil personas cayeron en la indigencia en el primer trimestre de 2016, con fuertes advertencias al gobierno de Mauricio Macri
Unas 400 mil personas cayeron en la indigencia en el primer trimestre del año, mientras que 1.400.000 habitantes pasaron a ser pobres en ese mismo período, según el "Barómetro de la Deuda Social Argentina" difundido por la Universidad Católica Argentina. 

Según el documento, que advierte al Gobierno sobre la falta de "protección social" ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, el índice de indigencia pasó de 5,3% de diciembre de 2015 al 6,2% de finales del primer trimestre de este año, equivalente a un total de 400 mil personas.

En la misma medición, el índice de pobreza creció del 29% al 32,6%, lo que representó que 1.400.000 habitantes cayeron en la pobreza. De acuerdo con el relevamiento, los nuevos pobres son integrantes de hogares de clases bajas, que no tienen empleo formal y en su mayoría con niños.

En ese sentido, le atribuye a la gestión de Mauricio Macri la creación de "nuevos pobres" y le pide "una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".



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Con el título "Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social", el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.

Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió ahora como un "diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada" por la administración de Macri y los "urgentes desafíos" que se plantean.

El trabajo mantiene un equilibrio entre "los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica" de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la "pobreza extrema" (que afecta a 4 millones de personas) y los "costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses".

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que "no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores".

En una detallada síntesis, Silva resaltó como objetivos "imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza" que los sectores sociales más postergados accedan a la "seguridad social y a programas de transferencias de ingresos".

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 "mejoró el empleo decente" para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43% del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.


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