"Cuando entramos, esto estaba lleno de basura, había hierros, ratas, murciélagos, arañas, hasta culebras. Nosotros limpiamos, pintamos, pusimos la luz, el agua. No queremos que nos regalen, queremos comprar el edificio, fue lo que quisimos siempre", cuenta Victoria Narcizo, una mujer de 67 años que llegó al inmueble en 2002. Por entonces, Victoria vivía con su marido en Ciudadela y le dijeron que en aquel edificio abandonado que había pertenecido a una fábrica textil podría quedarse; en aquellos años el inmueble estaba deshabitado.

Ella vive en el piso 4 con su nieta de 16 y tres perros, dos pisos abajo vive su hija con otros cuatro nietos y en el 1º está su marido; no tiene subsidio ni jubilación y vive de las viandas que cocina; no baja mucho a planta baja porque tiene un problema grave en la rodilla que no le permite caminar con normalidad.

"Mi marido hace changas, mi hija también. Si a nosotros nos prestan la plata para comprar nosotros podemos juntar entre todos y devolver hasta el último peso. Pero si nos sacan de acá vamos a quedarnos en calle, hace muchas noches que no duermo, no sé qué vamos a hacer", dice y llora.

A su lado, su hermana Olinda la abraza; Olinda tiene 75 años y tanto ella como su marido tienen también discapacidad: "Tenemos mucho miedo que ingrese la policía y nos pegue, que tiren gases. Mi marido tiene problema de corazón", relata con la voz entrecortada.

Unos pisos más abajo, delegadas y delegados de cada uno de los seis pisos ultiman detalles y una delegada asegura: "vamos a resistir, no nos iremos si no tenemos una solución definitiva", mientras otro asiente con la cabeza. La foto de 131 niñas, niños y adolescentes que viven allí empapela el frente del edificio junto a un mural que con la inscripción "Basta de Desalojos".

"Estos son los niños que quieren dejar en la calle, a quienes se les quiere sacar su derecho a la vivienda y también a la escolaridad", describe por su parte Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa Papá Francisco, conformada en 2015 por las familias para gestionar créditos ante el IVC.

En la década de 1990, cuando la empresa textil Selsa quebró, los edificios de los talleres fueron vendidos o rematados a excepción de la sede social, que es el inmueble de Santa Cruz 140, que en 2002 comenzó a ser ocupado con fines de vivienda.