La causa contra Daniel Martínez la lleva adelante la Justicia federal de Morón, que a su vez analiza las adquisiciones irregulares de las autoridades de la Universidad de La Matanza
La Justicia federal de Morón investiga a Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), y a varias autoridades de esa casa de estudios por la supuesta contratación de "ñoquis" así como por distintas compras irregulares.

Son cinco hechos de presunta corrupción, uno de los cuales el rector habría avalado que su hermano, licenciado Julio Alejandro Nicolás Martínez; y el contador Sergio Adrían Sancci, cobren sueldos por trabajos que se sospecha no realizan.

Según la acusación del fiscal federal Sebastián Basso, Martínez y Sancci trabajan en la Universidad pero paralelamente desde varios años atrás también lo hacen en la planta permanente del Congreso de la Nación cobrando sueldos simultáneos: "toda vez que no resultaría materialmente posible trabajar al mismo tiempo en dos lugares ubicados a varios kilómetros de distancia, existen sospechas suficientes que los nombrados podrían no estar desempeñando uno de los dos puestos, por lo cual entrarían dentro de la categoría conocida como "ñoquis'".



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Otro de los hechos es por la compra de una camioneta por parte de la Universidad a un integrante de la misma sin seguir los trámites licitatorios correspondientes. El fiscal Basso acusó que en 2011 se dispuso la compra de una camioneta que iba a ser utilizada para el recorrido del campus ante la invasión de intrusos, y la misma le fue comprada a Ricardo Faraldi, secretario administrativo de la Universidad, por un valor de 50 mil pesos el 16 de junio de ese año.

Por ese hecho están acusados Faraldi, su esposa Verónica Marcos (poseedora de la camioneta); Jorge Pasquez, secretario de la UNLAM; Sergio Russo, Director de prevención y Protección; y el contador Sancci.

También se lleva a cabo una investigación por la contratación por más de 100 mil pesos a la empresa de medios "Loro Comunication SA; por la cual están acusados la directora de prensa de la UNLAM, Lorena Turriaga; y los integrantes de la empresa Luis Alberto Rosales y María de los Ángeles López.

Asimismo, la Justicia también sospecha de contrataciones irregulares a la empresa Arquídea SRL por obras en la Universidad; y pagos presuntamente ilícitos al economista Bernardo Kliksberg, bajo la modalidad de viáticos, por parte de la UNLAM, casa de estudio que le habría otorgado el título de "doctor honoris causa".

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