Como marca la ley, los directivos del Grupo informaron al Juez del concurso el listado de 1.800 acreedores a los que deben unos 4.292 millones de pesos, de los cuales más de la mitad (2.164 millones) corresponden a la firma Nacadié Comercial S.A., propiedad de la familia Vicentín. La información surge de una investigación realizada por el diario El Litoral de Santa Fe

Al mejor estilo de la serie americana "Créase o no", de Ripley, los dueños del Grupo Vicentín son los principales acreedores de la empresa, tal como consta en el listado de 1.800 tenedores de acreencias que presentaron a la Justicia como marca la ley. Según informa el prestigioso diario El Litoral de Santa Fe, en un artículo firmado por Juan Chiummento, dentro del rubro “Créditos por Ventas”, fueron declarados unos 4.200 millones de pesos, de los cuales el 50,4 por ciento, es decir, unos 2.164 millones corresponden a la firma Nacadie Comercial SA. Lo que no informaron los directores del Grupo Vicentín, es que son ellos mismos los accionistas y responsables de Nacadie Comercial y los responsables mayoritarios del "estrés financiero" que llevó a la firma a no cumplir con sus obligaciones y al escándalo nacional e internacional que se ha generado a su alrededor.

Según El Litoral, "el estudio jurídico porteño Moyano & Asociados -especializado en casos de insolvencia transnacional con perfil de rastreo y recupero de activos- reveló días atrás que Nacadie Comercial SA es una firma radicada en Uruguay que otorgaba las garantías para los préstamos que Vicentin solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund". Y explica: "Por tratarse de operaciones que operan bajo el régimen de oferta pública en Estados Unidos, estos trámites quedan reflejados en documentos públicos de la Comisión de Bolsa y Valores. Allí se indica que la compañía pertenece al grupo Vicentin. Esta relación también figura en otra presentación que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), sobre una maniobra de dumping en biodiesel", concluyó.

Para finalizar, el autor de la investigación señaló: "Cuando la agroexportadora solicitó la apertura del concurso preventivo en febrero, nada dijo respecto a esa relación. El viernes pasado -agrega-, en ocasión de presentarse ante el juez de la convocatoria, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe advirtió sobre estas maniobras: “(Vicentin) parece controlar muchas más sociedades en las que en apariencia aparece como socia minoritaria”, dice María Victoria Stratta, abogada del organismo.

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