Brasil escaló a la segunda posición entre los países con más infectados de Coronavirus y, mientras se multiplican las muertes y la emergencia sanitaria y económica se agravan, se allana el camino para un impeachment al presidente por presiones al Poder Judicial

En medio de una crisis sanitaria que ya ubica a Brasilcomo el segundo país con más cantidad de infectados por Coronavirusen el mundo, con casi 400 mil, y evidenciando un franco ascenso sus cifras de muertes, al superar los 23 mil, el presidente Jair Bolsonaroatraviesa un presente convulsionado en todos los frentes y gana terreno la posibilidad de un juicio político, algo que parecía lejano al principio de la pandemia, pero que hoy cuenta con mayores argumentos, de la mano de una crispación generalizada en la que se ven envueltos distintos actores.

Los pedidos de impeachment se acumulan y sobrepasaron la treintena, siendo el último el estipulado la semana pasada, con el aval de distintos partidos políticos, más varios centenares de referentes civiles, en el que se denuncia "irresponsabilidad" en el tratamiento del Covid-19.

Sin embargo, y más allá del vértigo impuesto desde Brasilia en relación a la enfermedad, a sabiendas que se está en contra de la utilización de la cuarentena e incluso esa postura derivó en la salida, en el lapso de un mes, de dos ministros de Salud, el drama mayor para el mandatario corre por otra vía, la que tiene en el centro de la escena al Poder Judicial.

¿Por qué? Habilitado por Celso de Mello, miembro del Supremo Tribunal Federal, se difundió un video en el que, en plena reunión gubernamental, realizada el 22 de abril, el presidente despotricó contra el sistema de la Policía Federal en Río de Janeiro y presionó para su intervención, todo con el trasfondo de una investigación que tiene a parte de su familia en la mira, por sospechas de corrupción. De hecho, dejó entrever que iba a hacer los cambios necesarios, sea cual fuese la jerarquía, para defender a sus allegados.

48 horas después de aquel cónclave, quien pegó el portazo fue Sergio Moro, el ministro de Justicia, y resaltó las maniobras de Bolsonaro. Así, se aceleró el tiempo y se allanó el camino para un nuevo pedido de juicio político, en esta ocasión, en principio, con un respaldo mayúsculo desde los papeles, aunque quien tiene que mover la ficha, inicialmente, es el procurador general Augusto Aras, que recibe todo el material y distintos testimonios y deberá definir si da curso a la acusación.

En caso que se concrete, por lo pronto, entra a tallar el desafío en el Congreso, donde la llave la tiene Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados, pues está en su potestad habilitar la discusión, para la que se requiere el voto positivo de las dos terceras partes del Parlamento para sentenciar el impeachment.

Allí todavía no hay un panorama claro, y la premisa dentro del bolsonarismo es ganar adeptos en el Centrao, el bloque de partidos que está diseminado en el poder legislativo y que puede dar el brazo a torcer a la intención de propiciar la salida del mandatario.

Pero para arribar a ese estadio primero está la labor de Aras, que ya recibió mensajes que no le facilitan el tratamiento. Es que el mismo día que se publicó el vídeo de la discordia, mostró su fastidio Augusto Heleno, militar retirado, hoy a cargo de la Oficina de Seguridad Institucional, que señaló como "una intromisión al poder Ejecutivo" el avance que se está realizando. El foco lo puso en una posible incautación del teléfono celular de Bolsonaro para realizar peritajes específicos. Y a la saga le siguieron un gran caudal de reservistas de la cúpula castrense, que no sólo mostraron su respaldo al presidente sino que incluso resaltaron la chance de desatar una "guerra civil".

Con ese peso en la espalda, sumado a las sucesivas manifestaciones en la calle de los grupos adeptos al Gobierno, que cuentan con la participación del propio presidente, desoyendo las recomendaciones de los médicos en torno al distanciamiento social, está el procurador general. ¿Más? Sí, en un cambio de agenda abrupto, ayer Bolsonaro visitó la fiscalía y se encontró con Aras, lo que la mayoría en el órgano judicial certifican como una variante más de presión para que se dé por tierra con la investigación. En esta pauta se deja entrever que, a diferencia de aquel bloque supremo, que es vitalicio, el puesto de procurador tiene sustento en el Ejecutivo, y se renueva cada dos años, por lo que presumen que en la continuidad del propio Bolsonaro en el Planalto está la opción de subir en el escalafón de Aras.

Las internas políticas y judiciales, entonces, están en punto de ebullición, y podrían, dada la velocidad con la que se manifiestan, generar aún más incertidumbre, con la carta del impeachment a la vista.

De momento, Bolsonaro parece tener estructura detrás, cimentada especialmente en el esquema militar, con el 40 por ciento de su gabinete llegado de esas filas, y también los artilugios para conseguir alianzas pasajeras tanto en el Congreso como en el poder Judicial.

Sin embargo, la realidad le brinda un mazazo cada día, con la multiplicación de los contagios y la gran cantidad de muertes por Coronavirus. Eso hace mella y su popularidad está en baja, rompiendo el piso del 30 por ciento. En ese sentido, una mayor caída generaría dudas entre sus aliados y la posibilidad de soltarle la mano está latente, con el juicio político como un arma de doble filo en un Brasil cada vez más convulsionado.

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