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La Corte Suprema dio vía libre al fiscal general para que avance en la causa por el millonario desvío de fondos del gigante petrolero. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Sebnado están implicados.
La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, respectivamente, por un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero estatal Petrobras.
En la lista figuran también la ex jefa de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann; su ex ministro de Energía, Edison Lobao; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas en la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.
La nómina fue divulgada anoche por el magistrado de la Corte Suprema -conocida acá como Supremo Tribunal Federal (STF)- Teori Zavascki, relator del caso que mantiene en vilo al gobierno de Rousseff.
En total son 54 políticos -22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81- que serán investigados a pedido del procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil.
A la par de la decisión del STF de habilitar la investigación, se conoció la decisión de la Fiscalía brasileña de solicitar a la Justicia que se investiguen las actividades que Palocci realizó en 2010, cuando recaudaba recursos financieros para la campaña electoral de Rousseff.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió la apertura de esa investigación, y el juez federal Sérgio Moro deberá decidir ahora si se abre o no un proceso.
La presidenta llegó a ser mencionada en declaraciones realizadas a la policía en el marco de las investigaciones sobre la red ilegal de Petrobras, pero no será investigada a instancias del cargo que ocupa.
El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) divulgó hoy un comunicado en el que defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que en caso de que se comprueben los delitos que se adjudican a sus militantes, éstos recibirán las sanciones previstas en el estatuto del partido.
"Reafirmamos apoyo integral al proseguimiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la operación policial de forma completa y rigurosa, sin favoritismos o parcialidad, en los marcos del Estado Democrático de Derecho", expresó la agrupación de izquierda, que tiene siete integrantes investigados.
Una de ellas, la ex ministra Hoffmann, dijo estar "triste y tranquila" tras conocer el contenido de la lista, y evaluó que la investigación "es una oportunidad para aclarar los hechos" y una forma de "acabar con los juicios anticipados".
Su correligionario Humberto Costa dijo a su vez que recibió con "sorpresa e indignación" la noticia de que su nombre figurara en el listado, y dijo desconocer qué denuncias lo vincularon con los desvíos en Petrobras.
Cunha y Calheiros rechazaron también públicamente los cargos y aseguraron que la imputación forma parte de un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno federal para poder inclulpar al opositor Antonio Anastasia.
"El gobierno quiere al socio en el barro", disparó Cunha, quien considera que la administración de Rousseff interfirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que figuraran en la nómina él y Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais y único integrante del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que será investigado por el caso.
Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el PT y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha; la ex gobernadora de Maranhao, Roseana Sarney -hija del ex presidente brasileño José Sarney, quien hoy consideró "una injusticia" la acusación en su contra- y Lobao.
Entre los políticos del PT que integran el listado están Hoffmann, Palocci -quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción-, los senadores Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet y el ex diputado Cándido Vaccarezza.
El partido con mayor número de miembros investigados es el derechista Partido Progresista (PP), otro importante aliado del gobierno, el cual tiene dos senadores, 18 diputados y 11 ex diputados que serán objeto de las indagatorias.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa -quien accedió al cargo a instancias del PP- y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiada como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.700 millones de dólares de la estatal.
El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en la que se produjeron estos casos de corrupción, ha reiterado que la justicia llegará a los culpables y que "pagarán por eso".
Además de enfrentar las denuncias que salpican a la empresa, a solo dos meses del inicio de su segundo mandato, Rousseff también está luchando con dificultades dentro de la coalición gobernante y en la situación económica del país.
El líder de la oposición socialdemócrata, Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales del pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad.
En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político de la presidenta. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de movimientos sociales.
La nómina fue divulgada anoche por el magistrado de la Corte Suprema -conocida acá como Supremo Tribunal Federal (STF)- Teori Zavascki, relator del caso que mantiene en vilo al gobierno de Rousseff.
En total son 54 políticos -22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81- que serán investigados a pedido del procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil.
A la par de la decisión del STF de habilitar la investigación, se conoció la decisión de la Fiscalía brasileña de solicitar a la Justicia que se investiguen las actividades que Palocci realizó en 2010, cuando recaudaba recursos financieros para la campaña electoral de Rousseff.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, pidió la apertura de esa investigación, y el juez federal Sérgio Moro deberá decidir ahora si se abre o no un proceso.
La presidenta llegó a ser mencionada en declaraciones realizadas a la policía en el marco de las investigaciones sobre la red ilegal de Petrobras, pero no será investigada a instancias del cargo que ocupa.
El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) divulgó hoy un comunicado en el que defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que en caso de que se comprueben los delitos que se adjudican a sus militantes, éstos recibirán las sanciones previstas en el estatuto del partido.
"Reafirmamos apoyo integral al proseguimiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la operación policial de forma completa y rigurosa, sin favoritismos o parcialidad, en los marcos del Estado Democrático de Derecho", expresó la agrupación de izquierda, que tiene siete integrantes investigados.
Una de ellas, la ex ministra Hoffmann, dijo estar "triste y tranquila" tras conocer el contenido de la lista, y evaluó que la investigación "es una oportunidad para aclarar los hechos" y una forma de "acabar con los juicios anticipados".
Su correligionario Humberto Costa dijo a su vez que recibió con "sorpresa e indignación" la noticia de que su nombre figurara en el listado, y dijo desconocer qué denuncias lo vincularon con los desvíos en Petrobras.
Cunha y Calheiros rechazaron también públicamente los cargos y aseguraron que la imputación forma parte de un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno federal para poder inclulpar al opositor Antonio Anastasia.
"El gobierno quiere al socio en el barro", disparó Cunha, quien considera que la administración de Rousseff interfirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que figuraran en la nómina él y Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais y único integrante del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que será investigado por el caso.
Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el PT y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha; la ex gobernadora de Maranhao, Roseana Sarney -hija del ex presidente brasileño José Sarney, quien hoy consideró "una injusticia" la acusación en su contra- y Lobao.
Entre los políticos del PT que integran el listado están Hoffmann, Palocci -quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción-, los senadores Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet y el ex diputado Cándido Vaccarezza.
El partido con mayor número de miembros investigados es el derechista Partido Progresista (PP), otro importante aliado del gobierno, el cual tiene dos senadores, 18 diputados y 11 ex diputados que serán objeto de las indagatorias.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa -quien accedió al cargo a instancias del PP- y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiada como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.700 millones de dólares de la estatal.
El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en la que se produjeron estos casos de corrupción, ha reiterado que la justicia llegará a los culpables y que "pagarán por eso".
Además de enfrentar las denuncias que salpican a la empresa, a solo dos meses del inicio de su segundo mandato, Rousseff también está luchando con dificultades dentro de la coalición gobernante y en la situación económica del país.
El líder de la oposición socialdemócrata, Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales del pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad.
En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político de la presidenta. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de movimientos sociales.
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