El Gobierno de Estados Unidos incluyó la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en el capítulo referido a la Argentina del reporte anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, aunque también señaló que “no hay informaciones de presos políticos”.
Asimismo, el área comandada por Rex Tillerson resaltó que durante 2016 las autoridades judiciales “acusaron y procesaron a varios funcionarios del Gobierno actual y anteriores que habían cometido abusos durante el año, incluyendo una serie de investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno anterior”.
Como todos los años, el Departamento de Estado publicó su Informe sobre los Derechos Humanos de 2016 y en el capítulo de la Argentina se resaltó que los “principales problemas” son “los múltiples informes de corrupción, de tortura por la Policía Federal y provinciales y de violencia de género”, así como también “el uso excesivo de la fuerza de la Policía, las condiciones severas de prisión, el arresto y detención arbitrarios, la detención preventiva prolongada, la ineficiencia judicial, el abuso infantil, el antisemitismo, la discriminación e infracciones de los derechos de los indígenas, el tráfico sexual, el trabajo esclavo y el trabajo infantil”.
En el apartado sobre “Arresto o detención arbitraria”, el Gobierno de Donald Trump manifestó que “la ley prohíbe los arrestos o detenciones arbitrarias y el Gobierno generalmente cumplió esas prohibiciones”.
Sin embargo, puntualiza que el pasado 21 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas “reclamó la liberación de la activista social Milagro Sala opinando que su detención preventiva era arbitraria”.
“El 16 de enero (de 2016) las autoridades arrestaron a Sala por liderar una protesta contra las reformas al gasto social tomadas por la Gobernación de Jujuy. Inicialmente, las autoridades imputaron a Sala por sedición; sin embargo, el fiscal de la Provincia de Jujuy después dejó caer el cargo por sedición y la imputó de asalto, fraude y malversación de fondos públicos”, detalla el texto.
Y agrega: “ONGs internacionales criticaron la detención y la Gobernación provincial rechazó la opinión del Grupo de Trabajo. El 28 de diciembre un juzgado federal condenó a Sala por daños materiales agravados y la sentenció a una pena de tres años de prisión condicional. El 29 de diciembre, Sala fue condenado por un tribunal estatal de cargos por disturbios civiles. Ella fue multada con 4.363 pesos (235 dólares) y se le prohibió ocupar cargos en cualquier organización civil”.
A pesar de la mención del caso de la líder de la Tupac Amaru, en el reporte del Departamento de Estado se manifiesta que “no hay informaciones de presos políticos”.
De esta manera, la detención de la diputada electa del Parlasur sigue en la agenda internacional, tal como sucedió recientemente en el viaje del presidente Mauricio Macri a España cuando legisladores de Podemos le reclamaron su liberación inmediata.
Anteriormente, durante la visita del mandatario canadiense, Justin Trudeau, a la Casa Rosada el tema también había sido parte de la agenda y el norteamericano había manifestado su “confianza absoluta” en que la Argentina iba a cumplir con el “Estado de derecho”.
Asimismo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional habían respaldado el pedido del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
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