El anuncio fue realizado por Pam Bondi, fiscal general del país comandado por Donald Trump. "Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, declaró.
El gobierno de Estados Unidos duplicó la recompensa que ofrece para quien brinde información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, al llevarla desde los 25 millones de dólares anunciados en enero de este año a 50 millones de dólares. Se trata de la cifra más alta del programa “Rewards for Justice”, un histórico mecanismo utilizado en casos considerados de alta prioridad y con impacto en la seguridad internacional.
El anuncio del aumento fue realizado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien a través de un comunicado afirmó que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”.
La funcionaria también señaló que el Departamento de Justicia vinculó al mandatario venezolano con operaciones de narcotráfico a gran escala. De acuerdo con datos de la DEA, se incautaron 30 toneladas de cocaína relacionadas con Maduro y sus colaboradores, de las cuales casi siete toneladas se atribuyen directamente al líder chavista.
“La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, indicó Bondi, quien agregó que el Departamento de Justicia ya había confiscado más de 700 millones de dólares en activos conectados con Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos.
“Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”, afirmó. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela luego de lo ocurrido en las últimas elecciones, votación que fue denunciada como fraudulenta por la oposición y por observadores internacionales.
La recompensa por el venezolano es siete veces superior a la ofrecida en su momento por Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, cuyo monto ajustado por inflación alcanzaría los 6,9 millones de dólares en la actualidad. La cifra también supera las ofrecidas actualmente por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (15 millones), e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (10 millones).
En enero, Washington ya había fijado 25 millones de dólares por información que lleve a la captura de Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre fuerte del chavismo, y 15 millones por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Con estas cifras, los tres principales dirigentes del régimen venezolano se ubican entre los objetivos prioritarios de agencias como la DEA y el FBI.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habría firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar de su país contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas.
La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha sería la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. E indicaría la disposición del republicano a usar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se considera una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden establecería una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles. Oficiales militares estadounidenses ya habrían comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a los grupos, según informaron personas familiarizadas con la medida que hablaron bajo condición de anonimato.
La situación también tiene complicaciones desde lo legal, ya que ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones en ese ámbito, incluyendo si se consideraría “asesinato” si las fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente.