Empezará este viernes y el presidente paraguayo deberá presentar su defensa. Si las sesiones especiales avanzan sin demoras en el Congreso, la votación final podría concretarse en el transcurso de la jornada.
El Congreso de Paraguay rechazó la renuncia del presidente Santiago Peña y decidió avanzar con el juicio político en su contra, en medio de la crisis política generada por el escándalo financiero de Ueno Bank. El proceso comenzará este viernes 6 de noviembre y el mandatario deberá presentar su defensa. La votación podría realizarse en el transcurso de la jornada si todo avanza sin demoras.
Según explicó el titular del Congreso, Basilio Núñez, el reglamento prevé cinco sesiones extraordinarias. La primera finalizó este jueves por la noche, tras la sesión extraordinaria del Congreso.
Núñez insistió en que el Congreso debe respetar los tiempos del reglamento. A los manifestantes que esperaban en la plaza les pidió que “vayan a sus casas”.
El juicio se desarrolla en dos etapas, una en cada Cámara del Congreso. Para que puedan sesionar, ambas necesitan reunir el quórum reglamentario, equivalente a la mitad más uno de sus integrantes. En Diputados, con 80 miembros, se requieren 41 legisladores, mientras que en el Senado, compuesto por 45 integrantes, hacen falta 23.
La acusación, en Diputados. El procedimiento comienza con la presentación de un libelo acusatorio firmado por legisladores, en el que deben detallarse los hechos denunciados y las pruebas que los respaldan. Para que la iniciativa prospere se necesita el voto de dos tercios de los miembros presentes. Si participan los 80 diputados, por ejemplo, se requieren 54 votos afirmativos. Una vez aprobada la acusación, la Cámara designa a los diputados que actuarán como fiscales y defenderán los cargos ante el Senado.
El juicio, en el Senado. La Cámara alta se constituye como tribunal, establece un reglamento para llevar adelante el proceso, notifica al acusado y le otorga plazos para ejercer su defensa y presentar pruebas. Luego se realizan audiencias públicas y orales, en las que la comisión acusadora expone los cargos y la defensa presenta sus argumentos.
El veredicto. Para dictar una condena se necesita una de las mayorías más exigentes del sistema institucional: dos tercios del total de los senadores, no sólo de los presentes. Sobre una composición de 45 miembros, esto equivale a 30 votos afirmativos. Si la acusación obtiene 29, el acusado queda absuelto, independientemente de cuántos senadores se hayan ausentado o se hayan abstenido.
La única consecuencia directa de una condena es la destitución inmediata del funcionario. En el caso del Presidente, además, pierde definitivamente el derecho a ocupar la banca de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes. El Congreso no tiene facultades para imponer penas: si durante el juicio surgen indicios de la comisión de delitos, el Senado debe remitir los antecedentes a la Fiscalía y a la Justicia ordinaria.