Venezuela: un asesor de Juan Guaidó reconoció que contrató y pagó a mercenarios

El ex mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Juvenal Sequea Torres fue uno de los 17 oficiales que el 30 de abril de 2019 se sumaron al fallido llamado a una sublevación militar de Guiadó en las afueras de una base aérea en Caracas. Desde entonces, el gobierno pide su detención.

Hoy, en una entrevista con el canal de televisión digital VPI, rechazó que la incursión que las fuerzas armadas venezolanas derrotaron el domingo pasado haya sido realizada por "mercenarios y terroristas", como dijo el gobierno, y afirmó que se trató de los mismos militares que se levantaron en abril del año pasado.

"Somos un gran grupo de militares activos que nos hemos estado preparando para acelerar la libertad de Venezuela. Para nosotros Maduro no tiene un sistema político, es un narcoterrorista, un delincuente”, aseguró, según reprodujo el sitio venezolano Efecto Cocuyo.

Sequea Torres afirmó que este grupo de militares tiene diálogo con Guaidó -al que reconocen como presidente legítimo de Venezuela- pero destacó que él "no ha expresado su consentimiento" al intento de invadir el país, derrocar al gobierno y sacar al presidente Nicolás Maduro en un avión a Estados Unidos, como reconoció uno de los detenidos.

El ex oficial, quien reconoció que uno de los detenidos el domingo es su hermano, contó que él y sus compañeros le están pidiendo a Guaidó "que se establezca de una vez una estructura militar".

Pero este no es el único vínculo entre aliados de Guaidó y la incursión fallida que terminó con ocho muertos y 16 detenidos, entre ellos dos ex militares estadounidenses.

Ayer, el presidente Nicolás Maduro mostró un video de "la confesión" de uno de los estadounidenses detenidos y en ella el joven texano muestra el contrato que firmó con la empresa de seguridad norteamericano Silvercorp, la compañía que organizó -según reconoció su director- la ofensiva el domingo.

El detenido estadounidense dijo que el contrato estaba firmado por el director de la empresa, por Guaidó y el hombre que él designó al frente de su Comité de Estrategia, Juan José Rendón, más conocido como JJ Rendón.

Anoche, en una entrevista con CNN en español, Rendón reconoció que él firmó un contrato con Silvercorp por unos 50.000 dólares para que "explore" la posibilidad de atacar Venezuela, derrocar el gobierno y detener a Maduro.

"Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, reconoció Rendón.

El asesor destacó que Guaidó no firmó ese contrato y que la empresa, finalmente, no recibió "la luz verde" para avanzar con la operación militar.

Rendón sostuvo que tenía “el encargo de analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación”, como consideran al gobierno de Maduro.

“El gobierno legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera o de militares retirados. Como bien dijo el presidente (Guaidó), estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa”, aseguró.

Rendón no explicó a qué se refería con "alianzas con otros países", pero, en su entrevista, Sequea Torres deslizó que la llamada Operación Gedeón, como bautizaron la incursión fallida del domingo pasado, tiene una relación con la operación antidrogas que Estados Unidos lanzó en las últimas semanas en esa región del Mar Caribe.

“Somos muchos y esta es la primera avanzada. Posteriormente irá otra avanzada y estamos haciendo todas las coordinaciones correspondientes para apoyar a los países involucrados en la operación contra el narcoterrorismo que se está llevando en el Caribe para acelerar este proceso de la captura de los que están siendo requeridos por los tribunales internacionales por todos estos delitos”, señaló Sequea Torres.

A finales de marzo pasado, el gobierno estadounidense de Donald Trump imputó a Maduro y a 14 personas de su círculo cercano, actual y pasados, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, y ofreció recompensas millonarias para quien ayude a detenerlos.