Noroeste
Decenas de vecinos de la región afectados por la medida iniciaron presentaciones ante la medida de la Nación, que involucró a 70 mil beneficiarios en todo el país.
Decenas de personas con distintas discapacidades y sus familias de la región resultaron afectadas por el recorte fiscal que involucró la quita de 70 mil pensiones por discapacidad en el primer semestre del año.
En medio de la incertidumbre y la impotencia de quienes fueron a cobrar sus pensiones y encontraron las cuentas bancarias en cero sin explicación previa, la Defensoría Pública Oficial del Departamento Judicial de San Martín se viene convirtiendo en referencia para que los damnificados puedan desarrollar sus reclamos legalmente.
Fuentes judiciales indicaron a este medio que la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia del Departamento Judicial de San Martín es el espacio ideal para el reclamo por cancelación de las pensiones por discapacidad.
Dónde acudir
Aquellos que requieran de información pueden llamar al 4755-1648 o dirigirse a Tucumán 2209, primer piso. “Pueden venir damnificados de San Martín como de otros partidos de la zona”, señaló una fuente judicial.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación no se informó acerca del detalle por zonas del país en torno a las quitas de pensiones no contributivas, pero se pudo averiguar que en las distintas localidades de la región las personas con discapacidades que resultaron afectadas se cuentan por decenas.
Cabe destacar que la quita de pensiones también significa que las personas con discapacidad se quedaron sin cobertura de salud.
La situación trascendió a mediados de junio cuando se conoció que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se venía utilizando un decreto de 1997, bajo la presidencia de Carlos Menem, para anular pensiones a personas con discapacidad. Se trata de haberes que promedian los 4.100 pesos mensuales, destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
En la primera mitad del año fueron 70 mil las pensiones que se cancelaron. El escándalo y reclamo popular derivó en lo que fue llamada una “marcha atrás” de la medida. Lo cierto es que el recorte se mantiene y en todo el país se vienen extendiendo las demandas judiciales.
“No sé por qué le quitaron a mi hijo la pensión que recibía, porque cumplía todos los requisitos. No hubo ningún aviso previo, me enteré cuando fui al banco y me encontré con que no habían depositado nada. Y este mes tampoco hubo novedades”, aseguró Graciela, vecina de Tres de Febrero, un testimonio que se repite en la región.
Los padres apuntaron que el perjuicio no se limita al cobro de la pensión, sino también a la cobertura de la obra social, y también a la educación. “Nos dejan desamparados”, coincidieron en asegurar, advirtiendo que “la consecuencia será que la mayoría de los chicos se terminarán quedando en sus casas, porque no tenemos dinero para afrontar los gastos”.
