La bajante, la depredación y la pesca comercial permitida en plena cuarentena, llaman a una reflexión sobre el uso y cuidado de un recurso de todos los argentinos, pero del que pocos se benefician

La situación actual de los ríos Paraná y Uruguay, con bajísimo caudal de agua, está enmarcada en un período de sequías en el Sur de Brasil que si bien es cíclico reviste este año algunas características particulares. El hermano país cuyas represas (la última, Baixo Iguazú, inaugurada el año pasado) no están funcionando a pleno en virtud de la pandemia del coronavirus que paraliza una economía con menores requerimientos energéticos, no permite el flujo de agua habitual hacia los tramos inferiores del río que ingresan en territorio argentino.

Esto contribuye aunque no determina a la mentada sequía (factor principal) dejando a nuestra población ictiológica en estado de suma vulnerabilidad e invita a una reflexión sobre el uso/abuso de un recurso que para algunas provincias merece preservarse con una veda total de pesca deportiva y comercial, mientras que para otras mantiene condiciones hídricas y poblacionales que presuntamente avalan la pesquería comercial, mientras mantienen la prohibición a los pescadores deportivos de ejercer nuestra actividad.

En este marco, Corrientes, Misiones y Chaco (que a principios de mes había autorizado al retorno de la pesca comercial tras el primer período de cuarentena y luego revirtió la medida) decretaron la veda total de pesca (deportiva y comercial) en sus respectivas provincias. No es el caso de Santa Fe y Entre Ríos, epicentro del gran negocio que amenaza las poblaciones del río: el de la exportación de pescado. En estas provincias, aún en tiempos de pandemia donde millones de argentinos somos invitados a "quedarnos en casa", los llamados "pescadores artesanales" siguen proveyendo de sábalos y otras especies a los camiones de grandes frigoríficos que se llevan la parte del león en un negocio millonario.

El estado argentino grava con un 5% por derecho de exportación y al pueblo argentino le quedan sus ríos del litoral cada vez más expoliados. Pero cabe consignar que de ese presunto beneficio de sostener estas pesquerías en que se beneficia el estado y la administración de cada provincia, se vuelve pérdida en tiempos como éste, donde los malloneros y pescadores artesanales no pueden ejercer su actividad. Pues allí los subsidios a las familias que se benefician (o son explotadas, según la mirada) por actividad, no salen de sus empresas con históricas y millonarias ganancias, sino de las administraciones provinciales y el estado nacional, que conforman un sueldo de $20000 por la provincia y $10000 por el estado nacional para paliar su situación.

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De ahí que, muchas veces, por no pagar esos subsidios, se los deja pescar y los costos los paga el río. Este trasfondo de procurar evitar subsidiar a estos sectores (que también se les daba en tiempo de veda cuando las especies de valor comercial están en tiempo de fresa) hace que se apele a subterfugios como la famosa "veda extendida" (esto es, en vez de proteger los peces cuando desovan, se "prorratea" una veda a lo largo de todo el año suspendiendo dos días por semana la actividad de los comerciales). Esto desprotege a los peces en su momento más vulnerable, pero ahorra millones a las administraciones provinciales.

La postura de biólogas como Eliana Eberle (fuente de consulta del gobierno santafesino a través de su Ministerio de Producción), entiende que el río da para seguir pescando, pero choca claramente con el alerta que desde hace años (es decir mucho antes que esta bajante pronunciada y la pandemia) vienen sosteniendo sobre la explotación pesquera biólogos como Claudio Baigún y Norberto Oldani, referentes con años estudiando poblaciones del Paraná, en quienes nos referenciamos los pescadores deportivos.

Estos autores han dado cuenta de que la especie Surubí, frecuente víctima de la pesquería incidental de sábalo, se encuentra en un estado crítico dado que "la población de reproductores no alcanza el 10%" mientras que para sostener una pesquería comercial debería ser al menos de la mitad de los ejemplares de la especie. "Esto es grave, teniendo en cuenta que el surubí puede reproducir después de los 90 cm, talla que alcanza a los 5 o 6 años".

Para éstos especialistas, el surubí es la próxima gran especie condenada a desaparecer masivamente de nuestros ríos, como ya lo hicieron el pacú y el manguruyú. Y respecto de la especie que representa el pan del río para toda la cadena biológica y resulta el gran transmisor de energía en toda la cadena trófica, el sábalo (que representa el 60% de la biomasa), mientras el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca sostiene que está especie está reproduciendo a partir de los 32 cm, los citados biólogos Oldani y Baigún entienden que una pesquería sustentable debería contemplar su reproducción a partir de los 42 cm.

Por su parte el abogado Néstor Baldacci, que fue Presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Santa Fe y miembro del consejo Provincial Pesquero de Santa Fe, sostiene que "Ya de por sí la actividad de pesca comercial, como se desarrolla en nuestra región (Paraná medio) es inconcebible desde el punto de vista ambiental. Hay un constante saqueo de un recurso natural renovable pero también vulnerable."

Y por eso advierte que ante esta bajante extrema "Mantener o habilitar la pesca comercial es un verdadero atentado contra un recurso natural renovable pero sumamente frágil por la presión a la que hace décadas se ve sometido" (Fuente: diario El Litoral).

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Más allá de que algunos especialistas que trabajan para provincias (las que se niegan a la veda) sostienen que la población de peces es "estable", la realidad indica que en 20 años de pesca comercial los pescadores comerciales han pasado de una pesca de ejemplares de "calidad", con mallas grandes, a una pesca de "volumen", donde es frecuente el uso de malla de 12 cm o "triple tela" que atrapan prácticamente todo.

Dichos funcionarios santafesinos hablan de la necesidad de intensificar las fiscalizaciones a los pescadores comerciales. La realidad hoy por hoy en Santa Fe es de cuatro guardafaunas y en Entre Ríos no más de 15, abocados a funciones que no siempre son las de cuidar 800 kilómetros de costa.

Las políticas de control del recurso, han sido prácticamente desarticuladas. Agravando la situación, por estos días de bajante extrema, se han visto tristísimas masacres de pescadores particulares y comerciales que desafiando la cuarentena efectuaron verdaderas "cacerías" de ejemplares de surubí en aguas bajas, exponiendo sus "hazañas" en redes sociales ante un repudio generalizado.

En contraposición a estos modos de presión de un río en una situación crítica, los cabañeros y guías de pesca deportivos que ejercen una actividad sustentable, por estos días no pueden pescar, y no hay subsidios para muchas de estas pymes que emplean desde 20 a 60 personas dando sustento a numerosas familias locales, generando arraigo e identidad, haciendo uso de un recurso que deben preservar para subsistir.

Rubén Casares, propietario del "Rancho Pelo Largo" nos da una cuenta del fenómeno: "en Esquina solo debe haber unos 70 hospedajes de pesca que dan trabajo a unas 20 personas como en mi caso y hasta 60 en cabañas más grandes. Solo hablando de guías de pesca, Esquina debe tener unos 450 guías. Similar número de guías de pesca trabaja en Paso de la Patria, Goya debe tener unos 150 a 200 y Bella Vista otros 50. Si seguís sumando a lo largo de toda la ribera, desde Ituzaingó (Corrientes) hasta las Paz (Entre Ríos) debemos ser unos 1000 guías".

Resulta llamativo que unos km más abajo, cambiando Corrientes por Entre Ríos, en Santa Elena la ecuación favorece a los comerciales: 150 comerciales empadronados que hoy por hoy pueden trabajar, contra 20 guías de pesca y 12 hospedajes y cabañas que hoy ven sus ingresos reducidos a cero. Para los funcionarios entrerrianos, los pescadores comerciales “son parte de un desarrollo importante de la pesca artesanal, la pesca comercial, que en nuestra provincia tiene unos 1500 pescadores habilitados con carnet de pesca, mas mano de obra en frigoríficos que nos obligaría a dar alguna respuesta desde lo social ante una veda total”, señala Juan José Bahilo responsable del Ministerio de la Producción de Entre Ríos.

Lo llamativo es que pese a que admite que estamos ante “una situación muy excepcional que amerita un seguimiento” entiende que “por ahora el recurso no estaría siendo afectado por esta bajante y los frigoríficos pescan de acuerdo a cupos, no hacen una pesca de manera indiscriminada. Estamos haciendo controles para que no se excedan de ese cupo”. Es decir, en Entre Ríos se entiende algo distinto a lo que se entiende en Corrientes, Chaco y Misiones.

Como conclusión, y a modo de reflexión, resulta triste e indignante ver cómo la apropiación de un recurso público como el de los peces del río es utilizado para beneficio de unos pocos empresarios que obtienen ganancias millonarias (y ganancias mínimas a las provincias y la nación), socializando los "sueldos" de sus proveedores en tiempos críticos en donde es el estado quien debe asistir a los pescadores artesanales. Mucho más, que no se traten en el parlamento los proyectos de ley para proteger a un río Paraná jaqueado por la exportación de pescado de río, hecho que se agravará cuando en breve entre la provincia de Buenos Aires a pedir su cupo para seguir predando y exportando al sábalo, formando parte del negocio.

Actualmente el Estado Argentino, que avala cupos de exportación, se los entrega directamente a los frigoríficos y no a las administraciones provinciales, como era hasta hace unos años. Y el DNU firmado por Alberto Fernández prolonga por dos años más el negocio que viene perpetuándose desde gestiones anteriores. Además de resolver el tema de dejar descansar a un Paraná seco y expoliado, Argentina deberá hacer oír su voz –como lo hizo la última semana obligando a que se libere cierto flujo- para lograr junto a Brasil una correcta administración del recurso agua, pues de lo contrario no solo se verá afectado en la paralización de sus economías regionales sino que con un río bajo sumará costos debiendo aumentar el dragado de puertos y canales en su tramo inferior y su salida al Río de la Plata, hecho que genera millones en pérdidas para el país y paraliza la actividad económica que generan los buques de gran calado.

Mientras tanto, en tiempos de pandemia es necesario cuidar la salud de los pescadores artesanales obligándoles a cumplir la cuarentena. Será un modo temporal de cuidar la salud del río mientras se buscan soluciones de fondo, otorgándole un respiro a un Paraná seco, con peces vulnerables.

Para cerrar, nada mejor que recordar lo que se olvida: El artículo 4 de la Ley General de Ambiente (N 26675) expresa en su principio de sustentabilidad que "el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras".

Números: el negocio no es de los pescadores

La “pesca artesanal” solo debe abastecer economías regionales tal como ocurre en todo el mundo… menos en Argentina, donde se exporta pescado de río a Brasil, Gabón, Nigeria, Ucrania, Colombia, Bolivia y otros países con demanda creciente.

Es cuanto menos llamativo y habla de los poderosos intereses detrás del negocio de exportar, que a nivel parlamentario tiene tres proyectos de ley presentados para declarar “Declarar de Interés Público la conservación de los Recursos Icticos en la Cuenca del Plata” y suspender la exportación de pescado de río, hayan perdido estatus parlamentario sin ser siquiera tratados. Las presentaciones las hicieron los diputados Juan Carlos Zabalza (Exp. 5594 D-2013), Carlos G.0 Rubin (Exp 6079-D-2016) y Alejandro Ramos (Exp. 3531-D-2018), con idéntico resultado.

Tampoco parece haber gran interés en desarrollar proyectos que generarían mano de obra intensiva como la cría de peces para consumo, que cuenta con ejemplos en Colastiné y establecimientos misioneros, donde en vez de extraer el pan del río, éste se cría y se vende bajo normas controladas.

Al pescador artesanal hoy por hoy le pagan U$s 0,30 centavos por pieza, es decir, 25 pesos. Y Argentina exporta mediante 17 empresas a un valor de U$s1200 dólares la tonelada, que significan, solo en el 2019, U$s24 millones.

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