La diputada oficialista Graciela Ocaña amplió ayer una denuncia que había presentado en 2011 contra Hugo Moyano, a quien acusó de desviar fondos del gremio y de la obra social de Camioneros hacia empresas que están en poder de sus familiares directos.
Ocaña hizo su presentación ante el juez federal Claudio Bonadio a partir de información que dijo haber obtenido de la Inspección General de Justicia, luego de evaluar la integración de los balances de las sociedades Irai SA, Dixey SA, Organización de Seguridad las Marías SA, Selca SRL y Aconra SA, entre otras.
“La documentación que ahora aporto muestra inequívocamente el grosero desvío de fondos pertenecientes a la obra social, al sindicato y a la mutual de Camioneros, entes manejados por Hugo Moyano y acólitos suyos, en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector que han aportado recursos para garantizar su salud y distintos beneficios”, sostuvo en la denuncia.
Según advirtió la ex ministra de Salud, la maniobra comenzó en 2006, tiempo que coincidió con el interés de Moyano en obtener la conducción de la Confederación General de los Trabajadores (CGT).
“La primera consistiría básicamente en el directo desvío de los fondos de las obras sociales del gremio de Camioneros. No debe olvidarse que, en virtud de la ley de obras sociales, el gremio tiene garantizado un importante ingreso mensual de fondos que debería ser utilizado teóricamente para brindar servicios de salud a sus afiliados”, afirmó.
La segunda, según dijo, tuvo como eje expandir los ingresos económicos a partir de la captura de trabajadores de otros gremios a favor de su sindicato, “beneficiándose con un régimen de fomento de la profesionalización del transporte de carga conocido como REFOP: un subsidio que implicaba la devolución de las cargas sociales a las empresas que incorporaran a camioneros entre sus filas”.
Sobre este último punto, Ocaña aseguró que entre 2004 y 2012 el gremio de camioneros pasó de 40 a 200 mil afiliados.
La empresa “Iarai S.A.” es la nave insignia y la principal sociedad utilizada para traspasar los fondos de la obra social de camioneros, que son los aportes hechos por los afiliados por ley, así como de prestaciones reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.).
También mencionó desvíos a la empresa Dixey S.A, la cual fue creada en el 2002 e integrada por familia Moyano y Liliana Zulet, esta última esposa del dirigente: uno de sus domicilios es el mismo que fijó domicilio particular Zulet de Moyano.
“Los involucrados no hacen el más mínimo esfuerzo para ocultar la vinculación que existe entre ellos y parecieran no advertir que estarían malversando los fondos de la obra social. Creen que es de ellos y no de los trabajadores”, indicó la presentación.
Aconra S.A es otra de las empresas del grupo Moyano-Zulet que “tuvo un crecimiento fenomenal, vinculándose exclusivamente con las actividades del Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros” de acuerdo a los balances de la firma, apuntó.
“Hasta aquí hemos descripto la documentación contable de una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales, pero que no tienen sentido económico y que en realidad constituyen una integración horizontal que traspasa indebidamente fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades, creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar esos fondos a su patrimonio personal”, señaló la diputada.
Ocaña siempre afirmó que renunció a su cargo como ministra de Salud en junio de 2009 porque no estaba “nada de acuerdo” con la influencia que ejercía en el Gobierno el entonces secretario general de la CGT, a quien acusó entonces de tener “una red de relaciones con sociedades manejadas por sus familiares, su esposa, sus hijastros”, que les daban servicios a las obras sociales.