Política
Para evitar entrar en “default técnico”, el gobierno apeló anoche el fallo que favoreció a los fondos buitre. Bonistas que entraron al canje pidieron también suspender la sentencia de Thomas Griesa.
El gobierno presentó anoche una apelación ante la Cámara de Nueva York para intentar revocar el fallo del juez Thomas Griesa que condenó a la Argentina, a pagar 1.330 millones de dólares a los holdouts.
La apelación fue presentada por los abogados que representan a la Argentina ante los estrados judiciales del estado de Nueva York, quienes llevaron un escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que Griesa otorgó el pasado miércoles.
La presentación hizo eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regia el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo.
La solicitud a la Cámara, en consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar -proceso que, en los hechos, se encuentra en pleno tramite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina la semana pasada y que tendrá continuidad a partir de las ordenes emitidas por Griesa y que deben ser revisadas por la Cámara.
Asimismo, los argumentos de Argentina se basaron en la inequidad manifiesta de la formula propuesta por Griesa para llevar a la practica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplico plazos de pago que van hasta el año 2038.
En ese sentido, el escrito manifiesta que si Griesa hubiera dispuesto una formula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir.
Por otra parte, el documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa. Asimismo, hace hincapié en el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria.
Finalmente, la posición argentina resalta que la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general.
Por su parte, un grupo de bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 presentaron un recurso de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para suspender el fallo del juez Griesa. “La suspensión deberá permitir una audiencia completa y justa de todos los argumentos”, dijeron.i
La presentación hizo eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regia el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo.
La solicitud a la Cámara, en consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar -proceso que, en los hechos, se encuentra en pleno tramite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina la semana pasada y que tendrá continuidad a partir de las ordenes emitidas por Griesa y que deben ser revisadas por la Cámara.
Asimismo, los argumentos de Argentina se basaron en la inequidad manifiesta de la formula propuesta por Griesa para llevar a la practica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplico plazos de pago que van hasta el año 2038.
En ese sentido, el escrito manifiesta que si Griesa hubiera dispuesto una formula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir.
Por otra parte, el documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa. Asimismo, hace hincapié en el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria.
Finalmente, la posición argentina resalta que la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general.
Por su parte, un grupo de bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 presentaron un recurso de emergencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para suspender el fallo del juez Griesa. “La suspensión deberá permitir una audiencia completa y justa de todos los argumentos”, dijeron.i
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