Alertan que las pymes atraviesan complicaciones por la falta del programa ATP y las que tienen concurso preventivo no pueden acceder a créditos.

Cerca de 60.000 pequeñas y medianas empresas estarían en problemas muy críticos tras la discontinuación del programa ATP y se cree que de ese universo, unas 20 mil unidades productivas cerrarían sus puertas ante la imposibilidad de pagar la totalidad de los salarios o de afrontar la doble indemnización por despido.

Así lo señaló a este diario Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que advirtió que "la ausencia de los ATP se va a notar estos días en la calle con mucha gente que no va a estar cobrando el total de su salario".

"Adicionalmente, muchos empleados se pueden dar por despedidos y demandar indemnización, que va a ser doble por la normativa vigente, y esto va a generar muchos cierres de empresas pymes que claramente no van a poder afrontar ese mazazo", indicó.

El mundo pyme es un universo compuesto mayoritariamente por emprendimientos pequeños con menos de 10 empleados, que sin el respirador de los ATP quedan ante una situación muy complicada: no se pueden achicar porque rige la prohibición de despidos y la doble indemnización.

En este tipo de empresas el 50% de su volumen es salario, mientras que en las grandes ese porcentaje llega al 25% por una mayor eficiencia en el desempeño de la hora/hombre. De tal manera si un empleado se planta y se considera despedido genera un pasivo difícil de afrontar.

Empresas concursadas

El remedio previsto para estos casos es el concurso preventivo, pero en esta materia tampoco se ha hecho mucho. "A las empresas concursadas les tiraron un yunque por la cabeza, porque no les dan crédito ni flexibilidad para renegociar los contratos laborales", señaló el vocero de CAME. Un proyecto que atendía la situación de las empresas en concurso de acreedores (una instancia anterior a la quiebra) y castigadas por los efectos de la pandemia tuvo media sanción en Diputados. El proyecto preveía extender el período de exclusividad en que el empresario puede negociar un acuerdo con los acreedores, más un año de gracia para pagar.

El proyecto tuvo aprobación por unanimidad en Diputados, pero fue modificado en el Senado que estableció como fecha de corte el 20 mayo, con lo cual las empresas con concurso anterior a esa fecha quedaron afuera de los beneficios de la ley.

La causa de la modificación fue la necesidad del oficialismo en esa cámara de evitar que los beneficios de la ley alcanzaran a la cerealera Vicentín, tras el frustrado intento de su expropiación.

Cascales advirtió que los gastos producto de la pandemia diferidos como los cheques sin fondo, créditos bancarios, tarifas de servicios públicos formaron una pelota de dinero cuyo vencimiento será muy difícil de afrontar para las pymes sin alguna ayuda del estado.

En este sentido, evaluó que hay 60 mil empresas de este sector que van a atravesar problemas muy críticos y de ellas unas 20 mil terminarán cerrando sus puertas. ‘Las que estén en mejores condiciones podrán afrontar un concurso preventivo, pero las más chicas como comercios de barrio, zapaterías, gimnasio, casas de comida se irán a la lona con la consecuente pérdida de empleos’, advirtió Cascales.

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