El informe sostiene que de las 110 denuncias presentadas por la Coalición Cívica, sólo cuatro fueron elevadas a juicio y ninguna cuenta con sentencia firme

Elisa Carrió presentó un duro informe sobre el estado de las 110 denuncias de corrupción que realizó la Coalición Cívica durante el último gobierno kirchnerista.

El informe, al que accedió el matutino LA NACIÓN, detalla que un total de 16 denuncias presentadas desde el año 2012 fueron archivadas de inmediato y ocho fueron cerradas “sin ningún tipo de investigación”. El reporte revela que el total de causas elevadas a juicio fueron solo cuatro y ninguna cuenta con sentencia firme. Las causas, continua, que permanecen en instrucción llegan a 82 y algunas de ellas son de 2003 y 2008.

El documento titulado “Lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Luces y sombras del Poder Judicial en la Argentina”, sostiene: "La Justicia cierra las causas sin investigar o las dilata, por falta de libertad para avanzar en las investigaciones, o falta de valentía y, en algunos casos, a cambio de beneficios personales o lucro".

Entre las causas que figuran en el informe aparecen los casos de Gustavo Arribas, por la presunta transferencia de 600 mil dólares de parte de la empresa brasileña Oderbrecht, el crimen de Unicenter y la causa de la efedrina que involucra a Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete.

Pedido de destitución de los jueces que sobreseyeron a Menem

Por su parte, Carrió presentó ayer un escrito ante el Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del tribunal que absolvió al senador y ex presidente Carlos Menem y a otros acusados en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador.

En el escrito la diputada pidió que se suspenda a los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques y que se formule la acusación y enjuiciamiento por la "realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”.

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El 4 de octubre, Catucci, Riggi y Mahiques -integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal- ordenaron la absolución del ex presidente y de otros diez acusados por considerar que se había violado la garantía constitucional de ser juzgado en un “plazo razonable” ya que hacía 23 años que había iniciado el juicio.

Según Carrió, las irregularidades del tribunal “son prueba indiscutible del mal desempeño y, en efecto, aparecen claramente enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia: el beneficio del ex presidente Menem”.

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