Casación define si se acumulan causas contra Cristina y Báez en "megajuicio"

El Tribunal Oral Federal 2 de la Capital, que tiene a cargo la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno anterior en Santa Cruz, insistió en que el juicio debe llevarse a cabo en el Tribunal 4, encargado del caso de lavado de dinero de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

Ante el rechazo del TOF4 a aceptar la competencia en ese expediente, el TOF2 recurrió ante Casación para que el máximo tribunal penal federal resuelva si debe realizarse un único juicio oral contra todos los imputados por ambas causas.

"Es imperativa la unificación del órgano judicial a intervenir, en tanto Báez afronta acusaciones por delitos de acción pública en una misma jurisdicción", señaló el tribunal, integrado por Jorge Tassara, Rodrigo Uriburu y Jorge Gorini.

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Según entendieron los jueces, "la unidad de juzgamiento se compadece con un buen servicio de administración de justicia, se evitaría el pronunciamiento de sentencias contradictorias y, por sobre todas las cosas, se respetaría el principio de inmediatez de la prueba y permitirá un análisis único, conglobado, integral y "bajo un mismo paradigma delictivo" de una serie de expedientes que, como vienen resaltando tribunales y partes intervinientes, parecería ser diferentes dimensiones de un único designio criminal".

Subrayaron que, "conforme las acusaciones efectuadas, el delito de blanqueo de capitales atribuido a Lázaro Báez y sus consortes sería, sin más, el medio a través del cual se habría procurado el provecho proveniente del delito atribuido en esta causa" por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner.

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A la vez, los magistrados rechazaron los argumentos que dio el TOF4 al rechazar hacerse cargo de la causa, cuando resaltaron que una unificación derivaría en un "retardo colosal e innecesario".

"Debemos destacar que la mera posibilidad de sobrecargar las tareas de un Tribunal Oral no puede, por sí mismo, resultar un argumento válido para fundar la inobservancia de normas procesales de asignación de competencia. Para ello, eventualmente, quedará expedita la vía de superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de que se adopten las medidas necesarias para atenuar ese escenario posible", enfatizaron.

El 23 de marzo último, el TOF 4 rechazó la competencia en la causa por el fraude en la obra pública en Santa Cruz, y advirtió que el juzgamiento de las dos causas podría "prolongarse de manera irrazonable".

"¿Qué puede esperarse de consagrar la conexidad de estas dos causas en un futuro megajuicio o como se quiera calificarlo? Sin duda, multiplicar y exacerbar todos esos inconvenientes, generando desaconsejables estándares de disfuncionalidad en la actividad de las partes y en el ejercicio de la jurisdicción por parte del Tribunal que deba entender en ese extraordinario juicio", indicaron los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez.

El giro de la causa por parte del TOF 2 al TOF 4 se produjo luego de que volvieran a sortearse los expedientes contra la ex presidenta y Báez por orden de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inválida la anterior asignación de las causas en el TOF 9, el que no contaba con habilitación para funcionar.

En el juicio por supuesto fraude en la obra pública están imputados la ex presidenta, Baéz, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, Carlos Kirchner, Miguel Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.