Los fiscales Stornelli y Rívolo pidieron elevar a esa instancia judicial la parte de la causa que tiene que ver con el capítulo internacional de lavado de dinero que invcolucra al ex secretario de Néstor Kirchner

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo solicitaron este viernes la elevación a juicio oral de la parte de la causa de los “cuadernos de la corrupción” que tiene que ver con el capítulo internacional del lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, que compró a través de sociedades y testaferros 16 propiedades en Estados Unidos.

Entre los 15 acusados se encuentran Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y su ex abogado defensor; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

Los fiscales federales consideran probada "la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en el extranjero, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz, fallecido el 25/5/2016".

Estas actuaciones se encuentran enmarcadas en la asociación ilícita y los cohechos pasivos investigados en la causa 9608/2018, caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita y otros".

La investigación judicial señala que entre 2010 y 2015 Carolina Pochetti, Sergio Todisco y Elizabeth Ortíz Municoy y, en algunos casos Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza y Osvaldo Parolari, intervinieron en la adquisición de 14 inmuebles en Miami y Nueva York, disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas constituidas y radicadas en Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

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El documento judicial menciona el detalle de las sociedades creadas por esta presunta asociación ilícita y también enlista las propiedades que fueron adquiriendo en Estados Unidos para intentar "blanquear" los activos, con precios que varían entre los 200 mil dólares y los 13 millones.

Stornelli y Rívolo señalaron que la prueba se colectó a través de la denuncia que presentó el abogado Ricardo Monner Sans el 6 de abril de 2016, copias de los contratos de constitución de la sociedad "Gold Black Limited" y de la declaración testimonial del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, entre otros testimonios y documentos.

El pedido de elevación a juicio señala que Alconada Mon tuvo registro de los movimientos de Muñoz y su esposa Pochetti cuando aparecieron vinculados a una sociedad off shore ubicada en las Islas Vírgenes Británicas llamada "Gold Black Limited" y que "recién aparecieron vinculados a esa sociedad desde el año 2013, aunque la misma se había constituido en el mes de agosto del año 2010".

También tomaron en cuenta los representantes del Ministerio Público, el incremento patrimonial de la pareja Muñoz-Pochetti, vía un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que muestra inconsistencias entre lo declarado por Muñoz en sus declaraciones juradas y los bienes y activos a los que estaba vinculado.

"En este documento (el de la UIF) obra un análisis sobre el origen de algunos de los fondos empleados para la adquisición de los inmuebles en las ciudades de Miami y Nueva York, Estados Unidos de América, como también el destino de buena parte de los activos obtenidos con las ventas de esas propiedades, tras las revelaciones de los Panamá Papers", señala la resolución de 351 páginas.

Por todos los elementos reunidos, la fiscalía federal consideró completada la instrucción y solicitó se lleve a juicio a Carolina Pochetti, Eiizabeth Ortiz Municoy, Sergio Todisco, Carlos Cortez, Juan Manuel Campillo, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza, Marcelo Danza, Osvaldo Parolari, Elba Municoy, Carlos Gellert, Miguel Ángel Plo, María Jesús Plo, Federico Zupicich y Jorge Bounine y se dicte el sobreseimiento de Gastón Campillo.

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