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El ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido; y su ex secretario de Obras Públicas, el detenido José López, sumaron ayer un nuevo pedido de declaración indagatoria por parte del fiscal federal Carlos Stornelli.
El ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido; y su ex secretario de Obras Públicas, el detenido José López, sumaron ayer un nuevo pedido de declaración indagatoria por parte del fiscal federal Carlos Stornelli en una causa que investiga una supuesta defraudación en Tucumán por unos 20 millones de pesos..
En el dictamen entregado al juez federal Luis Rodríguez, el fiscal Stornelli pidió además la indagatoria del ex gobernador de Tucumán José Alperovich, al advertir que “en la maniobra que se investiga ha quedado demostrado que se han pretendido evadir los controles del poder central y dejar en mano de los intendentes el control de los fondos y las obras públicas, queriendo desvirtuarse la verdadera naturaleza federal de los fondos”.
En la causa, recordó Stornelli se investigan “las circunstancias que rodearon el origen y destino de $20.938.369, correspondientes a la diferencia existente entre los registros de la cuenta 136369/2 en el Banco de Tucumán SA donde se depositaron los fondos transferidos por la Nación en el marco del Plan Más Cerca y aquellos que surgen de los registros de los entes que realizaron tales depósitos, correspondientes al período marzo 2013 a junio 2016”, según el dictamen Stornelli aludió a obras de viviendas sin terminar, otras nunca comenzadas, o con serias falencias y carencia de controles.
“La celebración de convenios, de acuerdos de colaboración, de entes ejecutores, y otras figuras similares, ha tenido por finalidad diluir el control debido sobre los fondos provenientes del Tesoro Nacional, haciendo difícil el seguimiento del control del gasto”, advirtió Y a ello se sumó el hecho de que “la falta de control ha facilitado el pedido de mayores montos de dinero, habida cuenta la desvalorización de los materiales necesarios para la construcción de las obras” y “la falta de uso en su debido tiempo de los fondos asignados a las mismas, provocó un desajuste entre el precio de los materiales y el presupuesto obtenido, lo que ha provocado que se solicitaran sumas más allá de lo inicialmente pactado”.
Las indagatorias se pidieron para De Vido, López, Alperovich y otros ex funcionarios nacionales como el ex subsecretario de Desarrollo y Vivienda Germán Nivello, el de Recursos Hïdricos, Edgardo Bortolozzi y el ex responsable del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Lucio Tamburo,
Reclaman enviar a juicio oral a Jaime
El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su entonces asesor Manuel Vázquez vayan a juicio oral y público por presunto pago de sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de trenes a España y Portugal.
Así lo hizo mediante un requerimiento presentado ante el juez Julián Ercolini, a quien además reclamó que la Procuración General del Tesoro “evalúe iniciar las acciones legales de recuperación” de activos en función de la defraudación al Estado Nacional por la operación.
La operación, que tuvo un costo de 100 millones de euros, se produjo entre 2004 y 2009 y en la causa también están involucrados el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (sucesor de Jaime en la cartera) y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, aunque en sus casos aún no está definida la ratificación de los procesamientos y por ello el fiscal no los incluyó en su requerimiento.
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Según consta en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) incorporado a la causa, en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171 por ciento, no se controló lo adquirido y buena parte del material no pudo ponerse en funcionamiento por ser inutilizable, por lo cual está arrumbado en depósitos ferroviarios.
“Hubo coimas. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en conceptos de “asesoramiento técnico” que, en realidad, ocultaban sobornos”, dijo Delgado en su requerimiento.
Sobre los contratos firmados por España, el fiscal advirtió que aquellos de diciembre de 2005, de abril de 2006 y de entre 2007/2010 “carecieron de un análisis de razonabilidad de precios en relación a la calidad, de las características del material adquirido y de una estimación de vida útil de aquél luego de reparado, que permitan inferir la conveniencia de la adquisición”.