El plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reunirá este miércoles para analizar la iniciativa del Gobierno, que incluye nuevas sanciones y un Consejo de Seguridad Nacional.
El debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará este miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con la iniciativa enviada por el Gobierno el pasado 17 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 y prevé finalizar el cronograma de trabajo el martes 6 de octubre, con la firma de los dictámenes.
La oposición cuestiona el alcance del proyecto y advierte que, detrás de las medidas vinculadas con la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, se incorporan disposiciones sobre seguridad nacional, inteligencia, defensa y política interna. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que busca incorporar al derecho argentino medidas vinculadas con políticas impulsadas por Estados Unidos.
El oficialismo tendrá una posición central en el tratamiento debido a que controla la conducción de las tres comisiones que integran el plenario. Carlos Zapata preside Defensa, Laura Rodríguez Machado está al frente de Legislación Penal y Juliana Santillán conduce Relaciones Exteriores y Culto.
Entre las principales medidas del proyecto se encuentra el endurecimiento de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes. La iniciativa también contempla inhabilitaciones para operar en la Argentina y reemplaza la actual Ley 26.659, ampliando las prohibiciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.
El proyecto establece además la creación de un registro público de infractores y prohíbe al Estado y a los particulares contratar con las personas o entidades incluidas en él. También incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados por la nueva legislación y establece restricciones a los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendrá como función coordinar áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa también contempla que el Consejo pueda disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente. Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, restricciones a las importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros. También se autoriza como último recurso el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, luego de agotar otras instancias previstas en un protocolo de actuación.
En materia de seguridad y defensa, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales. También incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permite la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
Marino cuestionó especialmente estas disposiciones y sostuvo que el proyecto combina las sanciones vinculadas con Malvinas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. “Así mueren las democracias en América. Estamos ante un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio, que tiene su expresión en el Consejo de Seguridad Nacional”, afirmó el diputado en declaraciones a la Agencia de Noticias Argentinas.
El legislador, que el viernes pasado organizó en Diputados una audiencia informativa denominada “¿Soberanía o patio trasero?”, también cuestionó el funcionamiento previsto para el RePET. Según Marino, el registro podría incluir personas u organizaciones por “motivos razonables para sospechar” y permitir el congelamiento de bienes sin una orden judicial previa. Además, cuestionó las disposiciones referidas a la manipulación de la opinión pública y a las actividades vinculadas con financiamiento extranjero.
Marino también señaló como aspectos cuestionables la posibilidad de integrar radares de otros países al sistema nacional, instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción y coordinar acciones con Estados extranjeros dentro del territorio argentino. El diputado sostuvo que esas disposiciones representan la incorporación al derecho interno de medidas que, según su interpretación, forman parte de políticas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos.
El proyecto comenzará a ser analizado formalmente este miércoles por las tres comisiones, en un debate que continuará hasta el 6 de octubre, cuando está previsto que se firmen los dictámenes. La discusión tendrá como eje las medidas específicas sobre la explotación de recursos en Malvinas, pero también abarcará el nuevo esquema de seguridad nacional, las atribuciones del Poder Ejecutivo, las disposiciones sobre inteligencia y las restricciones vinculadas con el financiamiento extranjero y el terrorismo.