Los tribunales determinaron que las dos causas serán juzgadas por separado, debido a las diferencias entre los hechos y las pruebas de cada expediente.
Los tribunales determinaron que las dos causas serán juzgadas por separado, debido a las diferencias entre los hechos y las pruebas de cada expediente.
El Tribunal Oral Federal 5 fijó las fechas para los juicios orales por los casos Los Sauces y Hotesur, que tienen entre sus acusados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Máximo Kirchner y Cristóbal López. El primero comenzará el viernes 23 de octubre a las 10:00, mientras que el segundo fue programado para el viernes 19 de marzo de 2027, a la misma hora.
Los jueces resolvieron desdoblar ambos procesos, que habían sido acumulados por su conexión procesal, al considerar que las acusaciones tienen objetos diferentes y que un debate conjunto podría extenderse durante más de dos años. La decisión no modifica las acusaciones, la prueba admitida ni el derecho de defensa de las partes, y ambos juicios se realizarán de manera presencial, informaron fuentes judiciales.
Según la resolución, las causas presentan mecanismos atribuidos, sociedades, bienes, fuentes de fondos y elementos de prueba diferenciados. Cada expediente cuenta además con casi 200 testigos propios y las listas coinciden parcialmente en poco más de 20 personas.
Para el tribunal, realizar un único debate obligaría a las defensas, querellas y abogados con participación limitada a uno de los expedientes a asistir a audiencias vinculadas con pruebas ajenas a sus representados. La resolución sostuvo que esa dinámica “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”.
En el caso Los Sauces, la acusación sostiene que la sociedad facturó $25.968.042,30 entre 2009 y 2016 por alquileres a empresas de los grupos Báez e Indalo. Según la investigación, esos ingresos representaron el 88% de la facturación de la sociedad durante ese período y estuvieron vinculados con contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras.
La acusación en Los Sauces también incluyó una presunta asociación ilícita y lavado de activos. Los fiscales vincularon los pagos de empresas de Báez y del Grupo Indalo con supuestos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.
Hotesur, en tanto, analiza una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que habrían tenido origen en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis de la acusación sostiene que una parte de esos recursos habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner mediante la explotación de establecimientos hoteleros y la intervención de la firma Valle Mitre.
El requerimiento de elevación a juicio señaló que Valle Mitre pagó más de $28 millones a Hotesur durante la relación comercial y atribuyó la canalización de cerca de $6,9 millones hacia el hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013. De acuerdo con la pesquisa, esos fondos habrían sido presentados como rentas legítimas de la actividad hotelera.
El juicio por Los Sauces tendrá un esquema de audiencias los lunes, viernes y sábados, con posibilidad de ajustes para compatibilizar las agendas de los magistrados. El tribunal también habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 para garantizar la continuidad del debate, mientras que la segunda semana de la feria quedó reservada para una eventual habilitación.
Los jueces señalaron que Los Sauces presenta un mayor avance en las medidas de instrucción suplementaria y consideraron que su inicio no debía quedar supeditado a diligencias pendientes en Hotesur. “No existe razón para que el expediente más avanzado deba aguardar diligencias pendientes del otro”, afirmaron. Además, el Tribunal Oral Federal 5 solicitó información sobre la situación laboral y los cargos públicos actuales o anteriores de los imputados en Los Sauces, junto con informes socioeconómicos, antecedentes penales y registros de la Policía Federal Argentina y de la Dirección Nacional de Reincidencia.