Hotesur-Los Sauces: la fiscalía detalló 81 operaciones bajo investigación

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que las sociedades Hotesur y Los Sauces fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito mediante contratos de alquiler de propiedades y servicios hoteleros vinculados con empresas de los grupos empresarios de Lázaro Báez y Cristóbal López.

La audiencia se desarrolló de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y los demás imputados siguieron la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de ambos expedientes, unificados en torno a la acusación por lavado de activos.

Las 81 operaciones bajo investigación

Uno de los puntos centrales de la acusación es la realización de 81 operaciones inmobiliarias que, según la fiscalía, habrían permitido instrumentar el circuito de circulación de fondos investigado.

El expediente describe una operatoria que incluía la creación de sociedades, el otorgamiento de poderes y la compraventa cruzada de propiedades. En esas transacciones intervino Víctor Manzanares, ex-contador de la familia Kirchner, junto con otros profesionales, entre ellos los escribanos Ricardo Albornoz y Ludueña, mencionados en la acusación.

De acuerdo con la documentación expuesta durante el juicio, el 65% de la facturación de Los Sauces provenía de empresas del Grupo Indalo, vinculado con Cristóbal López, mientras que el 23% correspondía al Grupo Báez.

La fiscalía sostiene que los contratos de alquiler y las operaciones inmobiliarias permitieron ingresar formalmente fondos al patrimonio de la sociedad familiar. En el conjunto de las causas, la acusación contempla contratos, retiros y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período.

Durante la lectura se afirmó que los expresidentes investigados habrían utilizado su posición para beneficiar a empresarios y recibir, a través de las operaciones cuestionadas, parte de los fondos involucrados. Esa descripción forma parte de la hipótesis acusatoria que deberá analizar el tribunal.

Una empresa sin estructura operativa

Otro de los ejes de la presentación fue el funcionamiento cotidiano de Los Sauces SA. Según la fiscalía, la firma no contaba con oficinas de atención al público, cartelería comercial ni personal dedicado a la intermediación inmobiliaria.

Además, el requerimiento cuestionó los domicilios declarados por la sociedad ante las autoridades, al señalar que algunos eran simulados o correspondían al estudio contable de Manzanares, donde se guardaba documentación societaria.

La expresidenta y su hijo son dos de los principales imputados en el proceso judicial que comenzó este viernes en los tribunales federales.

La acusación también indicó que la empresa no tuvo empleados entre 2006 y mayo de 2010. En ese último período incorporó a Ramón Ángel Díaz Díaz, quien declaró que desde fines de la década de 1990 realizaba tareas de jardinería en el ámbito doméstico de Cristina Kirchner. En junio de 2015 se sumó Florencia Kirchner a la nómina.

Sobre este punto, la fiscalía sostuvo que la falta de trabajadores vinculados con el negocio inmobiliario respaldaría su hipótesis de que la incorporación de personal buscaba aparentar una estructura acorde con la actividad declarada.

La lectura de la acusación incluyó cuestionamientos a los libros sociales y registros contables de la inmobiliaria. Entre las irregularidades señaladas figuran tachaduras, folios anulados, asientos que no seguían un orden correlativo y registraciones anteriores a la rúbrica de los libros.

También se mencionaron saldos que, según los acusadores, resultaban materialmente imposibles, además de operaciones cuya identificación y localización no podían establecerse con claridad.

La familia siempre fue su debilidad: en la asunción de Cristina, junto a Máximo y Florencia.

Al evaluar esos registros, el Ministerio Público Fiscal afirmó que “una, varias o quizás todas las prohibiciones legales fueron cometidas”.

Para los fiscales, esas deficiencias habrían dificultado la reconstrucción de los movimientos de la sociedad y permitido ocultar información relevante sobre las operaciones investigadas.

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La acusación también repasó cómo se incorporaron propiedades y terrenos al patrimonio de Los Sauces. Según el expediente, entre diciembre de 2006 y agosto de 2010, integrantes de la familia Kirchner aportaron lotes personales a la sociedad y encargaron a Báez la construcción de edificios con departamentos.

Posteriormente, una parte importante de los inmuebles incorporados a la firma habría sido alquilada a empresas de los grupos Indalo y Báez. La fiscalía ubica desde enero de 2009 el inicio de la etapa en la que esos contratos habrían servido para canalizar los fondos investigados.