"Para los fiscales, el gobierno fue una asociación ilícita. Realmente un disparate mayúsculo, pedimos la nulidad mediante un escrito", disparó. CFK no contestó preguntas en el marco de la causa en la que se le atribuyen preferencias en la adjudicación de obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez, de quien aseguró que no es "ni amiga ni socia comercial".
Frente a miles de militantes que la acompañaron y bajo el resguardo de un megaoperativo de seguridad que incluyó un vallado especial y hasta drones, Cristina explicó que "desde 1994 los jefes de gabinete son los que ejecutan el presupuesto de la Nación que "en todo el país se hizo mucha obra pública" durante su gestión y concluyó en que todo se trata de "una maniobra de persecución política" y "una manera de tapar el desastre social y económico que vive la Argentina" por las políticas implementadas por Mauricio Macri.
"No se puede tapar el sol con la mano", y dijo que si su gobierno fue una asociación ilícita, "esta es una asociación ilícita terrosita, porque da terror a los argentinos cuando llegan las facturas".
"Es muy grave lo que está pasando en el país, con Milagro Sala en Jujuy... no van a decir que la ONU es K", ironizó, y manifestó que "buscan la proscripción, la difamación y la estigmatización de un movimiento que realizó una transformación" en la sociedad.
Para cerrar, citó un tuit para graficar la diferencia entre su gobierno y el actual:
Con la indagatoria de Cristina, la primera en esta causa, el juez Ercolini inicia una ronda de interrogatorios que proseguirá hasta fin de noviembre, en torno a la existencia de un plan para beneficiar a Báez, detenido por presunto lavado de dinero, con decenas de obras públicas para su empresa Austral Construcciones.
La ronda de indagatorias continuará mañana con la citación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el miércoles 2 con la del mismo Báez, y el jueves 3 con el también detenido ex secretario del área, José López.
En total incluirá 17 imputados que deberán responder por las acusaciones que realizaron los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, quienes el viernes pasado ampliaron su denuncia contra la ex presidenta en base a nuevas pruebas sobre la presunta operatoria en favor de Báez.
La base de la denuncia es una auditoría realizada por la nueva gestión de Vialidad Nacional, que detectó 49 obras adjudicadas al grupo Báez, de las cuales sólo dos se habrían terminado en el plazo previsto, lo que obligó a ampliar el presupuesto originalmente asignado.
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