Tras cerrar la crisis provocada por los escándalos en torno de Manuel Adorni, la llegada de Diego Santilli marcó el inicio de una nueva etapa. Mientras Luis Caputo sigue concentrado en la inflación, la Casa Rosada abrió una ronda de negociaciones con gobernadores para ampliar su base política y diseñar la estrategia electoral del oficialismo.
La Casa Rosada empezó a transitar una nueva etapa. Durante los primeros años de gestión, Javier Milei concentró toda su energía en estabilizar la economía y aplicar un profundo ajuste del Estado. Esa prioridad no cambió: la inflación sigue siendo la principal obsesión del Presidente y el activo con el que espera llegar competitivo a las elecciones. Pero, mientras el frente económico busca consolidarse, en Balcarce 50 comenzó otra construcción silenciosa: la del poder político que el oficialismo necesitará para intentar retener la Presidencia en 2027.
El punto de inflexión fue el recambio en la Jefatura de Gabinete. Superado el costo político de los escándalos que derivaron en la salida de Manuel Adorni, Diego Santilli asumió con una misión mucho más amplia que la coordinación administrativa del gabinete: recuperar el diálogo con los gobernadores, reconstruir puentes con los aliados parlamentarios y volver a poner en marcha una agenda política que había quedado congelada por la crisis de las últimas semanas.
La foto de la jura fue, en ese sentido, mucho más que un acto protocolar. En el Salón Blanco estuvieron 14 gobernadores, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros. La imagen fue cuidadosamente construida: mostrar que, tras el recambio en el Gabinete, el Gobierno volvía a tender puentes con las provincias y abría una nueva etapa de diálogo político.
Ese cambio ya empezó a reflejarse en la dinámica de la Casa Rosada. En los últimos días se multiplicaron las reuniones reservadas con gobernadores dialoguistas y dirigentes aliados. En la agenda aparecen reclamos por recursos, obras públicas, financiamiento y cuestiones de gestión, pero también conversaciones de mediano plazo sobre el escenario electoral que comenzará a definirse el año próximo. La política volvió a ocupar un lugar central en Balcarce 50.
En ese contexto cobra sentido la negociación que impulsa el oficialismo para modificar las reglas de juego electorales. La discusión sobre las colectoras y otros mecanismos que permitan flexibilizar las alianzas no responde únicamente a un debate técnico. La intención es ofrecerles a los gobernadores una herramienta que les permita preservar sus sellos provinciales y, al mismo tiempo, acompañar una eventual candidatura presidencial de Milei.
La apuesta responde a una necesidad concreta. La Libertad Avanza construyó una marca nacional de enorme potencia electoral, pero todavía carece de la estructura territorial que poseen los oficialismos provinciales. Los gobernadores aportan intendentes, legisladores, fiscales, equipos políticos y conocimiento del territorio. El Gobierno, en cambio, aporta una figura presidencial que continúa liderando las encuestas nacionales. La negociación busca unir esas fortalezas.
Las provincias también llegan con incentivos propios. El ajuste fiscal aplicado por la Nación redujo al mínimo las transferencias discrecionales y obligó a la mayoría de los gobernadores a administrar presupuestos mucho más ajustados. La necesidad de mantener canales de diálogo con la Casa Rosada dejó de ser una cuestión de afinidad política para transformarse, en muchos casos, en una condición de gobernabilidad.
En el oficialismo reconocen que la experiencia de estos años dejó varias enseñanzas. La primera es que ninguna reforma económica se sostiene sin respaldo legislativo. La segunda es que una elección presidencial no se gana únicamente desde las redes sociales o los estudios de televisión. También hace falta organización territorial, fiscales y dirigentes capaces de defender cada voto en cada distrito.
Por eso, el desembarco de Santilli tiene un significado que excede el cambio de gabinete. Su principal tarea no será administrar ministerios, sino administrar política. Construir consensos, ordenar la estrategia parlamentaria y fortalecer la relación con gobernadores e intendentes que hasta hace poco ocupaban el lugar de adversarios permanentes.
Nada de esto supone un abandono del discurso que llevó a Milei al poder. La confrontación con la “casta” seguirá siendo parte de la identidad libertaria. Pero una cosa es el relato que cohesiona al electorado propio y otra muy distinta la ingeniería política necesaria para construir una mayoría capaz de sostener un segundo mandato.
En la Casa Rosada saben que la economía seguirá siendo el principal activo electoral del Presidente. Si la inflación continúa descendiendo y la recuperación comienza a sentirse en el bolsillo de la sociedad, el oficialismo llegará fortalecido al próximo turno electoral. Pero también entienden que ningún éxito económico garantiza, por sí solo, una victoria política.
Ese parece ser el verdadero cambio de etapa que atraviesa el Gobierno. La motosierra sigue siendo el símbolo con el que Milei transformó la Argentina. Pero mientras Luis Caputo trabaja para consolidar la estabilidad económica, Diego Santilli comenzó una tarea mucho más silenciosa: construir el entramado político que permita convertir esos resultados en una nueva mayoría electoral. Porque bajar la inflación puede acercar una reelección. Construir poder es lo que puede garantizarla.