El principal foco de controversia de la reforma del Poder Ejecutivo, que fue debatida en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, remite a la propuesta para rebajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años.

Por este motivo, la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF, María Angeles Misuraca, consideró que la medida es “regresiva en derechos” y resaltó que no hay “evidencia científica de que bajar la edad de punibilidad sirva para algo”.

Asimismo, advirtió que en la norma propuesta no se fija un tope al monto de las penas y que el plazo máximo de tres años para tramitar el proceso penal “es mucho tiempo”, al tiempo que cuestionó que se establezca la posibilidad de prisión preventiva hasta dos años para los adolescentes.

“Nunca va a ser positivo que entren más chicos al sistema penal. No es lo mismo cómo transcurre el tiempo para nosotros que para los adolescentes y qué marcas les va a dejar que atraviesen por el sistema penal”, enfatizó Misuraca, en tanto que pidió “no aplicar por analogía el derecho penal de adultos” para los menores de edad, y opinó que la ley que se pretende aprobar corre serios riesgos de ser impugnada constitucionalmente.

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Por su parte, el “obispo villero”, Gustavo Oscar Carrara, alegó que “es necesario tener cuidado con el populismo penal, la creencia de que mediante una pena se pueda obtener determinados beneficios”.

Según él, “hay que evitar esa tendencia de construir deliberadamente enemigos, con características estereotipadas de lo que la sociedad supuestamente rechaza”.

En tanto, el juez en lo penal de menores en la provincia de Mendoza, Carlos Parma, dejó en claro que la norma vigente -que data de la dictadura militar- “tiene que ser derogada definitivamente” y advirtió que el proyecto que el gobierno puso sobre la mesa para el debate presenta numerosas “incongruencias”.

Por otro lado, el ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, subrayó que “no es cierto que cualquier cambio sea un avance”, y tildó de “insostenible” la propuesta para bajar la edad de punibilidad, además de cuestionar las “penas exorbitantes” que fueron contempladas en la letra del proyecto.

“Vamos a ser famosos en el mundo si este proyecto es aprobado. Los autores dicen ‘no hemos puesto ningún tope’ pero remiten al artículo 55 del Código Penal y les están poniendo a los chicos de 16 y 17 años una pena máxima de 50 años”, alertó.

Mirada de un adolescente

En el marco del debate, también tomó la palabra un adolescente de 16 años, Julián José Hollman, quien, en representación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa, aseguró que “la niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos".

“Esto deberían estar discutiendo ustedes señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos a la niñez y adolescencia”, exhortó, en medio de aplausos de los legisladores opositores.

En tanto, la militante de Derechos Humanos e hija de desaparecidos, Alejandrina Barry, definió la iniciativa del gobierno como “un plan de guerra contra la juventud, porque lo único que se propone es persecución y encierro”.